En el marco de la labor que desempeñan las y los gendarmes y el riesgo que implica su trabajo, el grupo parlamentario de Seguridad Ciudadana aprobó en general el proyecto que agrava penas y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile (boletín 17.517).
La moción impulsada por legisladores socialistas encabezados por Marcos Ilabaca, tiene como fin modificar la Ley Orgánica de Gendarmería para agravar las penas por ataques lesivos contra los funcionarios de la institución. Así como, disponer medidas para resguardar la integridad de sus funcionarios y familias.
La votación se realizó luego de la exposición del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. El personero manifestó que está de acuerdo con el propósito y objetivo de la moción, ya que los gendarmes están en la primera línea de lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, en relación al primer punto del proyecto, que propone subir en un grado las penas a quienes lesionan o agredan a gendarmes, manifestó que el gobierno no está de acuerdo. Señaló que, actualmente, las penas por agredir a dichos funcionarios son las mismas que para el personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
Añadió que estas ya subieron a partir de la Ley N° 21.560, Naín Retamal, en abril de 2023. Por ende, señaló el subsecretario, no habría justificación para incrementarlas nuevamente. Agregó que, si sólo se modifican para Gendarmería, se generará un efecto inorgánico.
La idea de legislar se aprobó por seis votos a favor y una abstención. Esta última correspondió a la diputada Maite Orsini quien señaló que está de acuerdo con una mayor protección, pero no con subir las penas. Al igual que la opinión del Ejecutivo, manifestó que no le parece “razonable establecer una pena particular especial distinta a las de las policías, que ya tienen una pena alta. No estoy de acuerdo en aumentar las penas de manera desproporcionada”.
Protección a gendarmes
Un segundo punto del proyecto son las medidas de protección. Estas se activarán frente a un antecedente grave de amenaza, agresión u otra afectación a la integridad personal de cualquier funcionario de Gendarmería.
Esto, en el transcurso de una investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento que implique la privación total de libertad de un imputado o condenado. También cuando se trate de investigación de delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales.
En dicho sentido, la iniciativa plantea incluir como medidas de protección la reserva de identidad del gendarme en audiencias de tribunales y en registros y documentos que se ponen a disposición de las partes.
Al respecto, el subsecretario Muñoz consideró que establecer una red de protección es correcta. Pero, consideró que proteger la identidad de los gendarmes sólo para los procedimientos en los tribunales es insuficiente. Indicó que una medida de esta naturaleza se debe dar en un contexto diario de convivencia con condenados por delitos de alta peligrosidad.
Es por ello que la autoridad sugirió fusionar esta iniciativa con el proyecto que resguarda la identidad de los gendarmes ante la población penal (boletín 16.995) que también tramita la Comisión.
Este proyecto, ya aprobado en general, plantea que un gendarme de forma voluntaria puede solicitar a la Dirección Regional de Gendarmería desempeñar sus funciones portando elementos de protección personal que le permitan tener su rostro cubierto ante los reos. También que su nombre y apellido se reemplacen por un código alfanumérico.
Sobre el avance de esta iniciativa, el diputado Jaime Araya explicó que en conjunto con el Ejecutivo se trabaja en una nueva redacción. Añadió que existe desacuerdo respecto de qué órgano autorizaría esta medida. A su juicio, la propuesta gubernamental de que sea la Dirección Nacional, podría ralentizar la pronta respuesta a la solicitud de protección.
Asimismo, como autor del proyecto, manifestó su acuerdo para incluir solo al personal que tenga trato directo con reos peligrosos o de organizaciones criminales.
