Dos nuevas leyes despachó esta semana la Sala de la Cámara, al tiempo que aprobó y derivó a segundo trámite otras cinco propuestas legislativas.
La primera iniciativa (boletín 16121) despachada a ley establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. Se abordó en la Cámara en tercer trámite.
El texto aprobado en el primer trámite hacía referencia a las cédulas de identidad de las personas que hayan cumplido 80 años, así como de aquellas personas mayores de 60 que se encuentren postradas, debidamente certificadas por un centro de salud. En tales casos, las cédulas emitidas tendrán una vigencia de 20 años.
El Senado modificó dos puntos en la redacción de la propuesta legal. En primer lugar, reemplazó “las personas que hayan cumplido 80 años” por “adultos mayores de cuarta edad”. Asimismo, reemplazó la definición de “postradas” por “situación de dependencia severa”.
El propósito exclusivo de estas cédulas de identidad será acreditar la identidad del titular dentro del territorio nacional. Si se requieren como documento de viaje internacional, deberán renovarlas si han transcurrido más de diez años desde su emisión por el Registro Civil e Identificación.
Atención preferente
El segundo proyecto (boletín 16396) que pasó a fase de promulgación otorga prioridad a personas con discapacidad en la atención de servicios públicos y privados. Como en el caso anterior, la Sala de la Cámara aprobó las modificaciones del Senado.
La propuesta dirige el beneficio a personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Se amplía también para sus cuidadores o cuidadoras, que cuenten con el certificado respectivo. El Senado extendió la opción de acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley.
La atención preferente y oportuna aplica para todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en la Ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
En el Senado se agregaron dos nuevas consideraciones. La primera extiende este beneficio al resto del sector privado, apuntando a los proveedores. Así, se determina que, si un proveedor comete una infracción relacionada con esta ley, se considerará una vulneración del derecho a la no discriminación arbitraria. Esto, sin perjuicio de los otros derechos que asisten a las personas con discapacidad y sus cuidadores en su calidad de consumidores.
La segunda norma adicionada, vinculada a la anterior, aclara qué se entenderá por atención preferente y oportuna.
Control de la evasión en el transporte y guarderías
En la presente semana, la Sala despachó a segundo trámite una iniciativa (boletines 17246 y 17441) que contempla nuevas herramientas para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por la evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. La propuesta es parte del “Plan Antievasión” del Gobierno.
Una de las innovaciones de este proyecto, también conocido como “Paga tu pasaje”, lo constituye la nueva tarifa recargada. Implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta. Esto le permitirá permanecer en el bus y evitar caer en el Registro de Evasores.
Estarán habilitados para constatar el no pago y notificar la infracción carabineros, inspectores fiscales y municipales. También personal de Metro, EFE y de los prestadores de transporte público. Para la detección e identificación se autoriza a los inspectores el uso de autentificación biométrica.
Igualmente, la Cámara aprobó y derivó al Senado una propuesta (boletín 16379) que establece requisitos para otorgar patente municipal a servicios de cuidado infantil.
El nuevo texto define prestaciones de cuidado infantil como la entrega de servicios de atención, protección y desarrollo integral dirigido a niños y niñas menores de 14 años. Apunta, especialmente, a horarios en que las familias o cuidadores no puedan brindar cuidado directo. El texto, fija principios básicos para el funcionamiento de los servicios; deberes de las municipalidades y se incorporan exigencias adicionales para las personas involucradas en el desarrollo y mantención de los centros, entre otros aspectos.
Otros proyectos despachados por la Sala a segundo trámite
En forma unánime, la Sala aprobó y envió al Senado el proyecto (boletín 17751) que modifica la Ley de Tránsito, para igualar los requisitos de renovación de licencias profesionales. Busca que los conductores que poseen las llamadas licencias antiguas (emitidas antes del 8 de marzo de 1997) tengan las mismas normas de quienes obtienen licencias profesionales bajo el régimen vigente.
Hoy, los titulares de las licencias antiguas deben renovarlas cada cuatro años, presentando no solo el examen de salud sino también los teóricos y prácticos. En cambio, los conductores del régimen actual solo se someten al examen de salud. Esta sería una distinción arbitraria que afecta a conductores con más años de experiencia en la conducción profesional.
El texto, además, incorpora a los poseedores de licencias antiguas A1 a la prohibición de renovarlas si tienen anotaciones en el registro de condenas por delitos de connotación sexual. En esta materia existe un vacío legal a la fecha, ya que no se consideró en la citada prohibición a los conductores con licencias obtenidas antes de 1997.
Luego, la Cámara despachó a segundo trámite, el proyecto que modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios (boletín 13105). Su objetivo principal era imponer una sanción al incumplimiento de la obligación de votar, que no prosperó. Tampoco avanzaron el conjunto de disposiciones relacionadas, que apuntaban a las excepciones en que no se aplicaría la multa por no votar y los procedimientos para presentar las excusas.
Sí se respaldó un conjunto de normas relacionadas con procedimientos del Servicio Electoral (Servel). Específicamente, apuntan a materias relacionadas con los vocales de mesa y el colegio escrutador.
Finalmente, la Sala aprobó y derivó a segundo trámite un convenio de coproducción audiovisual entre Chile y Costa Rica (boletín 17752). Se suscribió en Santiago, el 12 de octubre de 2023, y en San José, el 13 de octubre del mismo año. (Ver en nota de atención preferente para personas con discapacidad)
