La Comisión de Seguridad Ciudadana conoció los objetivos del proyecto que prohíbe el comercio ambulante en áreas cercanas a edificios públicos (boletín 17108).
El texto, originado en moción, propone modificar la Ley 21.426, sobre comercio ilegal. Esto, con el objeto de velar por el orden y la limpieza de los alrededores de instituciones gubernamentales, oficinas de servicios públicos y tribunales de justicia.
Uno de sus autores, el diputado Jorge Alessandri (UDI), dijo que el comercio ambulante es un flagelo que provoca que se tomen espacios públicos y que se produzca competencia desleal con el comercio establecido. También, que se promueva la delincuencia y se dificulte el libre desplazamiento de las personas por las veredas y la labor de las policías. Según expuso, el tema ocurre en el centro cívico de Santiago, de Maipú y de otras ciudades.
Por ello, se busca proteger los sectores cercanos a edificios públicos, que tienen gran afluencia de público y preservarlos correctamente en beneficio de la población.
Alessandri indicó que son los alcaldes los encargados del regular el espacio público a través de las ordenanzas municipales. Sin embargo, el texto, en sus fundamentos, señala que existe falta de fiscalización municipal y desorden normativo en el manejo del comercio ilegal en las calles.
En ese plano, el proyecto prohíbe ejercer el comercio ambulante en un radio inferior a 500 metros de distancia de cualquier edificio público.
Regulación de comercio ambulante
El diputado Jaime Araya pidió distinguir de buena forma si la propuesta aborda el comercio ilegal o el comercio ambulante, que cuenta con permiso municipal. Al respecto, ejemplificó que, en Antofagasta, el perímetro de exclusión afectaría a todo el centro cívico, porque no están todos los edificios públicos en el mismo lugar.
Planteó que la norma sería riesgosa y afectaría a actividades culturales que se realizan en el sector. Acotó allí se genera comercio ambulante que no compite con el comercio establecido, porque ocurren en jornadas de domingo.
En tanto, Lorena Fries cuestionó que se establezca un criterio fijo que reemplace la flexibilidad dada por ordenanzas que regulan diversas realidades locales. En tal sentido, manifestó que no es lo mismo el centro de Santiago que las comunas de San Joaquín y El Bosque.
A su juicio, el problema, a nivel local, son los fiscalizadores. Así, estimó que esta prohibición impondría una carga aún mayor a Carabineros y a guardias municipales.
En las siguientes sesiones, se invitará a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y a los ministros de Seguridad Pública y de Economía para conocer su parecer de la iniciativa.
