Una serie de organizaciones recibió la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, para abordar diversas situaciones relacionadas al VIH y al ciclo reproductivo de las mujeres.
En primer término, la representante de ICW Chile (Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH-SIDA), Marcela Silva, se refirió al tema de prevención de la enfermedad. Al respecto, señaló que existen campañas gubernamentales que no se sostienen en el tiempo y tienen escasa promoción del condón femenino (ver presentación).
La vocera indicó que la mayoría de las mujeres adquieren el VIH dentro del matrimonio o teniendo pareja estable. Comentó que dicha situación se mantiene en las estadísticas y no se visibiliza en las campañas preventivas.
Agregó que, en Chile, existen más de 91 mil personas diagnosticadas con VIH. El Instituto de Salud Pública notifica cada año 4 mil nuevos casos, de los cuales, 800 son mujeres. “Por lo que deben tener acceso a barreras de protección y autoconocimiento de su cuerpo”, recalcó.
Al respecto, resaltó que el condón femenino o interno disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y el papiloma humano. Criticó que, ante la ausencia de campañas de educación sexual y prevención, son las organizaciones las que se encargan de realizar charlas, que son bien recibidas por la comunidad y entidades privadas.
Trabajadoras sexuales e infertilidad
En tanto, la Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, igualmente demanda que se realice una campaña informativa sobre el uso de condón vaginal.
Herminda González sostuvo que las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, discriminadas y segregadas. En tal plano, relató que llevan la prevención a lugares en que se desempeñan las trabajadoras.
Añadió que no existe información en los medios de comunicación y que los profesionales de la salud, como las matronas, no enseñan a usar el condón femenino.
En otro ámbito, Belén Standen, del “Foro del Zocalo” -comunidad de apoyo a la infertilidad-, presentó el caso de discriminación que afectó a una mujer con VIH sin carga viral detectable (ver presentación). Explicó que se le negó el tratamiento de fertilidad in vitro en la Clínica Cer. Estimó que esto contraviene la normativa actual, ya que sólo se impiden los tratamientos a personas con enfermedades sexuales o VIH con carga viral detectable.
Para abordar estas materias, la comisión acordó invitar a la Ministra de Salud y al encargado del programa sobre el VIH. La idea es que informen sobre los protocolos y tratamientos de fertilidad; sobre el tipo de campañas de prevención adoptadas y el presupuesto asignado.
Derechos sexuales y reproductivos
En tanto, la Corporación Miles entregó los resultados del “Séptimo Informe sobre derechos sexuales y reproductivos en Chile” (ver documento). Luz Reidel, abogada de la organización, explicó que dichos derechos aún son un tema tabú, pese a ser parte de derechos humanos reconocidos como tales.
El texto aborda, entre otros temas, el uso de anticonceptivos orales, el aumento de las cesáreas en Chile, el secreto médico profesional o deber de denuncia en el aborto voluntario y la criminalización del aborto en Chile.
Respecto a las cesáreas, se detectó que, en 2022, se realizó un 59% de ellas respecto a partos vaginales. El porcentaje supera con creces el 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Sobre el aborto, la jurista señaló que los profesionales de la salud siguen denunciando a las mujeres que requieren atención. Asimismo, lamentó que extraigan confesiones, lo que se considera trato inhumano y degradante.
En cuanto a la criminalización del aborto, existen 459 causas penales por aborto consentido. De ellas, existen 444 personas imputadas, siendo un 86% mujeres jóvenes. El 41% son formalizadas y con medidas cautelares, como prisión preventiva, en doce casos; y tres, con penas efectivas. Del total de casos, el 10% corresponde a abortos espontáneos.
Entre las recomendaciones, Corporación Miles recomienda la capacitación obligatoria y continua al personal de salud y despenalizar el aborto consentido o voluntario.
Sobre el último punto, la comisión pedirá oficios sobre la criminalización del aborto y el costo que implica para el Estado la persecución penal. Estarán dirigidos al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y al Ministerio de Justicia.
