La Comisión de Trabajo continuó, en su sesión del martes 09 de septiembre, con la discusión del proyecto de ley que busca garantizar la protección laboral de las personas afectadas por catástrofes o desastres naturales (boletín 17.764).
Para ello, la iniciativa propone que estas tendrán derecho a fuero laboral por un año a partir del día en que ocurrió el hecho.
El texto, presentado por la diputada María Francisca Bello, plantea que la persona afectada podrá solicitar una adecuación temporal de sus funciones mientras dure el fuero. Esto para facilitar su asistencia a programas o centros de prestaciones sociales y de salud, así como la realización de trámites administrativos. Adicionalmente, y en el mismo sentido, indica considerar como justificada toda ausencia laboral derivada de la asistencia a centros de atención social, de salud o instancias judiciales.
No obstante, esta obligación no aplica a los empleadores cuyas fuentes de trabajo quedaron destruidas total y de forma irreparable en las catástrofes.
En materia procedimental, la moción señala que durante el período de fuero se aplicará lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo. Esta disposición regula el procedimiento que debe seguir un empleador para despedir a un trabajador que tiene fuero laboral.
Protección de remuneraciones
El presidente de la comisión, Andrés Giordano, recordó que el propósito del proyecto es establecer este fuero por el plazo de un año, con el objetivo de proteger a los trabajadores frente a despidos. En particular, recordó los casos en que no se otorgaron permisos a los trabajadores en medio del incendio que afectó a la región de Valparaíso en 2024 o se ejecutaron despidos días después, a raíz de las ausencias de trabajadores afectados por la tragedia.
Sin embargo, el legislador explicó que hay consenso que el fuero es una medida, pero distinta a la protección de la remuneración. Este punto, afirmó, abre una línea de discusión adicional e interesante. Así, al interior de la comisión se planteó la creación de un permiso pagado, que permita proteger la remuneración durante un número determinado de días, en el período inmediatamente posterior a la tragedia.
Y es parte de la discusión quién financia este permiso y el rol que tiene el Estado. En este sentido, se mencionó como ejemplo la Ley de Protección del Empleo aplicada durante la pandemia, la cual permitió suspender contratos de trabajo y derivar las prestaciones -que reemplazaban la remuneración- al seguro de cesantía.
Pero, advirtió el diputado Giordano, es una discusión que, evidentemente, requiere de la participación del Ejecutivo. Por lo tanto, en las siguientes sesiones la comisión convocará a la Dirección del Trabajo, a Senapred y, probablemente, también al Ministerio del Trabajo, para evaluar lo que esta medida puede implicar en términos presupuestarios, pero también como una política pública que se fortalece.
Participación del Ejecutivo
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón recalcó que lo primero es ponerse en el lugar de las personas que sufren una catástrofe, ya sea natural o provocada, como fue el caso del reciente incendio de Viña del Mar. Dijo que muchas de ellas pierden su trabajo por diversos motivos y, si bien no se trata de ahogar al empleador, también es fundamental que los trabajadores cuenten con algún tipo de protección.
Por eso, coincidió respecto a las medidas utilizadas durante la pandemia. “Cuando la política implementada por el entonces Presidente Sebastián Piñera activó un seguro social que permitió cubrir a quienes no podían asistir a sus lugares de trabajo. Fue una medida concreta que protegió el empleo en un momento crítico”, puntualizó.
La diputada señaló que hoy proponen -y esperan que el Ejecutivo lo considere- que se incorpore una indicación sustitutiva que permita, en caso de catástrofes naturales o provocadas, activar automáticamente este tipo de seguro. Así, se podría proteger el empleo de las personas afectadas por un tiempo razonable, sin generar un perjuicio adicional a las pequeñas y medianas empresas.
“Por eso, creemos que esta propuesta es una solución equilibrada: protege a quienes no pueden trabajar por razones evidentes, pero también considera la realidad de las empresas que los emplean”, afirmó.
Finalmente, avanzar en esta dirección podría ser la base para construir una política pública robusta, basada en la experiencia y que toma en cuenta que, lamentablemente, el país puede seguir enfrentando situaciones de emergencias y catástrofes, pero con capacidad para responder con mayor justicia y protección a quienes más lo necesitan.
