El pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó manifestar al Presidente de la República “su más profunda preocupación ante las omisiones e insuficiencias en el ejercicio de las facultades regulatorias en materia previsional”. Especialmente, en lo relativo a la protección de los saldos previsionales durante la tramitación de las pensiones de vejez, lo cual ha provocado perjuicios económicos para cientos de miles de afiliados.
Aprobado por 124 votos a favor y 1 abstención, el Acuerdo 48 recalca que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen la obligación legal de administrar los fondos con probidad, transparencia y estricto apego a la normativa vigente. Asimismo, se advierte una debilidad estructural en los mecanismos de supervisión que corresponden a la Superintendencia de Pensiones, respecto a su deber de garantizar la correcta aplicación de la normativa previsional y resguardar los derechos de los afiliados.
El texto, de autoría del diputado Andrés Celis, toma como ejemplo un caso denunciado contra AFP Capital respecto a la discrepancia entre el Certificado de Saldo emitido por la entidad y los montos efectivamente depositados durante el proceso de pensión anticipada por vejez. Este caso evidenciaría las omisiones de estas instituciones al no cumplir con la norma de congelar los fondos una vez iniciado el proceso de pensión. Añade que uno de los objetivos fundamentales de esta normativa es precisamente evitar que las variaciones del mercado financiero afecten negativamente los fondos previsionales durante dicho proceso.
El Acuerdo, puntualiza que este incumplimiento y la eventual permisividad de la Superintendencia frente a estas prácticas podrían, incluso, configurar ilícitos penales.
Corporación de Asistencia Judicial
A este acuerdo, la Sala de Sesiones sumó siete solicitudes de resolución aprobadas en la presente semana. La primera de ellas es la presentada por la diputada Carolina Tello para buscar una solución a la sobrecarga laboral de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
El texto de la resolución 1535, plantea implementar la homologación de remuneraciones bajo el principio de “a igual función, igual sueldo”, medida acordada en 2023 pero aún incumplida en su segunda etapa.
La resolución recalca que las corporaciones concentran un alto volumen de causas y una planta reducida de trabajadores, lo que ha generado desgaste laboral. La falta de personal y las desigualdades salariales motivaron la paralización nacional que iniciaron en el mes de abril y que se extendió por dos meses, la cual afectó a las personas más vulnerables que dependen de este servicio.
La resolución sostiene que homologar las remuneraciones no solo es un acto de justicia laboral, sino también una medida estructural para fortalecer el sistema de asistencia judicial y asegurar la sostenibilidad del acceso a la justicia.
Trabajo personas privadas de libertad
Por otra parte, la Cámara respaldó la propuesta contenida en la resolución 1536 que plantea al gobierno evaluar la implementación de un programa a nivel nacional, para que personas privadas de libertad participen en un programa de trabajo vinculado a la protección animal.
Esta herramienta replicaría una experiencia implementada en Calama, que mostró resultados positivos: mejora en el comportamiento de los internos, disminución de episodios de violencia, aumento de la autoestima y desarrollo de habilidades laborales. Además, los animales reciben una segunda oportunidad en un espacio de recuperación.
La iniciativa fue presentada por el diputado Sebastián Videla, quien recalcó que este tipo de actividades son valoradas por la ciudadanía, que pide una contribución de las personas que permanecen en recintos penitenciarios.
Además, se inspira en modelos similares implementados en Estados Unidos, España, Argentina y Brasil, donde se ha comprobado que la interacción con animales fortalece la empatía y reduce las tasas de reincidencia.
Witripantu
Considerar en la calendarización escolar la celebración de la ceremonia We Tripantu en las comunidades educativas interculturales mapuches es el objeto de la resolución 1537, aprobada también por la Sala de la Cámara.
El texto, impulsado por diputados RN de la región de La Araucanía, señala que esta ceremonia constituye el denominado “Año Nuevo Mapuche” y evoca el solsticio de invierno, comúnmente celebrado entre los días 21 a 24 de junio. Además, recalca que es relevante para el Pueblo Mapuche, parte de su idiosincrasia y de su identidad cultural.
En dicho sentido, los legisladores explicaron que este año el Ministerio de Educación fijó las vacaciones de invierno, en la región de La Araucanía, entre los días 23 de junio y 4 de julio, lo que impidió celebrar el We Tripantu en los establecimientos educativos.
Por ello, plantean que en la calendarización escolar se tenga en cuenta esta fecha, porque como parte del ámbito cultural y espiritual esta actividad se encuentra amparada por la garantía que asegura a todas las personas la libertad de creencia y religión. Asimismo, como deber del Estado de promover una efectiva integración sociocultural entre la ciudadanía.
Medidas para la región de Antofagasta
A su vez, la Sala dio su apoyo a dos resoluciones presentadas por la diputada Yovana Ahumada que plantean medidas en favor de la región de Antofagasta.
La primera de ellas es la resolución 1539 que, solicita al Primer Mandatario adoptar medidas para la creación de residencias sanitarias, de uso transitorio, para pacientes que son derivados desde otras comunas y regiones al Hospital Regional de Antofagasta, para recibir tratamientos médicos de alta complejidad.
Este hospital es el principal centro asistencial de la Macrozona Norte y atiende a una población estimada de más de 600 mil personas, desde Arica hasta Copiapó. Pero, se genera una carga significativa para los pacientes provenientes de zonas alejadas, que deben incurrir en gastos adicionales de alojamiento o permanecer en condiciones poco óptimas para su salud. En especial, para aquellos que requieren tratamientos prolongados, como los casos de terapias oncológicas o diálisis.
La segunda, en tanto, solicita al Presidente de la República la instalación de oficinas de atención al público del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República en las comunas de San Pedro de Atacama y Taltal.
La resolución 1540 precisa que las y los vecinos de San Pedro de Atacama deben trasladarse a Antofagasta para realizar trámites en el SII o Tesorería, lo cual demanda destinar más de 9 horas para los traslados. En el caso de Taltal, aunque cuentan con una oficina móvil del SII, dos veces al mes, esta tiene servicios limitados y no da abasto para realizar la totalidad de los trámites necesarios de los contribuyentes.
Personal municipal
Mejorar las condiciones laborales de los choferes municipales es el objetivo de la resolución 1541. Esta pide al Primer Mandatario evaluar el envío de un proyecto de ley para reubicar a los choferes municipales dentro de las plantas de administrativos o técnicos.
Esta medida permitiría reconocer su formación, mejorar su jerarquía y, con ello, sus condiciones laborales y remuneracionales.
La solicitud, ingresada por el diputado Daniel Lilayu, busca un mayor reconocimiento para los choferes municipales que cuentan con licencia profesional y una especialización que debería ubicarlos en un escalafón más avanzado. Actualmente, estos trabajadores se encuentran en el escalafón de auxiliares, de acuerdo con el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Sin embargo, su labor exige mucho más que los requisitos básicos de ese nivel.
Tarifa rebajada transporte público
Finalmente, la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la resolución 1542 que solicita al Ejecutivo tomar todas las medidas legales y administrativas para subsidiar y establecer una tarifa rebajada en el transporte público para personas en situación de discapacidad.
Según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad (Senadis), el 17% de la población chilena de 2 años y más presenta algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de 3,2 millones de personas. Entre los adultos mayores de 18 años, la cifra alcanza el 17,6%, y más de la mitad de este grupo presenta algún grado de dependencia.
Pese a esta realidad, las personas con discapacidad no cuentan actualmente con un beneficio tarifario en el transporte público, a diferencia de los estudiantes (TNE) y los adultos mayores, quienes acceden a subsidios desde 2006 y 2020, respectivamente.
El documento ingresado por el diputado Felipe Camaño, manifiesta que esta exclusión afecta la autonomía y acceso a terapias, estudios, empleo y otras actividades fundamentales de las personas con discapacidad.
