La Comisión Especial Investigadora sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público realizó las últimas audiencias antes de abocarse a la elaboración del informe de conclusiones y propuestas.
En sus dos últimas jornadas recibió a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al presidente del directorio de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, Marcelo Forni, entre otros invitados.
Al respecto, el presidente de la instancia, Hernán Palma, explicó que ambos personeros, desde sus respectivas áreas, concordaron en que existe un problema con las licencias médicas y que es clave regular de mejor forma el sistema.
El legislador, no obstante, planteó que, lamentablemente, “y tal como ocurre muchas veces en Chile, se llegó tarde”.
Palma sostuvo que el trabajo de la comisión investigadora está finalizando e independiente de las distintas visiones que pueden exponerse sobre el tema, hay claridad en que hubo abusos por parte de los emisores y de los usuarios que hicieron mal uso, por ejemplo, del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).
Fiscalización y rol de la Compin
En primer término, la ministra Aguilera indicó que desde el ministerio y su institucionalidad han abordado el tema por el alto uso e impacto financiero que implican las licencias médicas, así como por la detección de su uso fraudulento.
No obstante, puntualizó que las atribuciones de la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (Compin) no son iguales a las que tiene la Contraloría general de la República y por eso, las cifras y datos pueden presentar diferencias.
Precisó que la concentración en la entrega de licencias en el último tiempo se detectó por medio del uso de tecnología y denuncias a la PDI. “Por eso, desde el ministerio se ha fiscalizado el tema de forma profunda, aunque con los recursos que se cuentan para ello”.
La personera informó que en abril de 2024, antes del informe emitido por la Contraloría, ofició a los distintos servicios de salud para que hicieran efectiva la solicitud de salud incompatible a personas con licencias médicas por más de 180 días Esta medida permitió “el reintegro laboral de muchas personas”, indicó.
Ximena Aguilera, añadió que la fiscalización es un problema porque ningún sistema que no se base en el desincentivo de la conducta fraudulenta funciona. Pero, puntualizó que, evidentemente, hay una responsabilidad de los usuarios, de los emisores y de la administración.
Reiteró que, a su juicio, un sistema con un incentivo inadecuado es imposible que por la vía de la fiscalización pueda ser corregido. Por esta razón, destacó las iniciativas legislativas en la materia que ha propiciado el gobierno.
En esa línea, apuntó que el pago del 100% de las licencias médicas a los funcionarios públicos es una materia que planteada entre las posibles modificaciones. Sin embargo, afirmó que erradicar el problema necesita, además, de una serie de voluntades. (Ver más detalles de presentación)
Gastos millonarios en licencias
Por su parte, el presidente del directorio de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, Marcelo Forni, criticó que, actualmente, hay pocas sanciones para los usuarios que presentan licencias médicas falsas.
Por ende, planteó que por la vía legal podrían generarse sanciones tanto en el Código del Trabajo como en el Estatuto Administrativo. Afirmó que pese a “ser una discusión poco popular, ya que, quizás, estamos hablando de un rediseño completo del sistema”.
En materia de cifras, Forni abordó el impacto por el alto uso fraudulento de los permisos de salud. Así, indicó que el año 2024 se emitieron más de ocho millones de licencias, lo que representó un incremento de un 2,1% con respecto al año anterior. Como consecuencia, el costo estimado del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) el año 2024 fue de 3 billones de pesos, lo que significó un incremento de un 7,5% en comparación con el periodo anterior.
El representante de las cajas de compensación también expuso la presencia de una tendencia relevante: el 50% de las licencias emitidas el 2024 correspondió a trastornos mentales y enfermedades musco esqueléticas, las que concentraron el 59% del gasto en la materia.
Además, planteó que los funcionarios públicos presentan una taza de utilización de licencias muy superior al resto del mercado laboral, con 3,3 licencias por trabajador, versus el 1,2 del sector privado. Así, en el sector público, un trabajador utiliza 33,1 días por esta causal, lo cual es más del doble que en el sector privado.
Cambios
A partir de estas cifras, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, dijo que es importante reducir la complejidad del sistema, unificar el pago, revisar el cálculo del subsidio y, en definitiva, regular el sistema de licencias médicas.
A su vez, el diputado Agustín Romero y la diputada Ximena Ossandón, señalaron que es preciso hacer modificaciones profundas, considerando los altos costos que este uso fraudulento representa para al Estado.
La instancia espera contar con la presencia del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, para tener cifras consolidadas al respecto, antes de comenzar la discusión y redacción del informe final.
