La Sala de la Cámara rechazó, tras no reunir el quórum mínimo de aprobación, la reforma constitucional que buscaba redefinir la normativa atingente a la dieta de los expresidentes de la República. Por efecto de esto, la propuesta pasó a archivo.
El texto despachado por la Comisión de Constitución obtuvo 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones. La norma requería para su aprobación de 87 votos afirmativos, según lo exige el mismo cuerpo legal.
La iniciativa se originó en once mociones refundidas (boletines 11869, 13121, 14734, 15094, 15218, 15292, 16052, 16649, 16673, 17505 y 17519). Ellas planteaban desde la eliminación total de la dieta a asignaciones acotadas. Así, por ejemplo, algunas optaban por proponer una dieta temporal, permitiendo un periodo de reinserción laboral de quien fuera Primer Mandatario. Otras estimaban necesario entregar el beneficio a partir de los 65 años, idea sobre la cual se pensó en insistir en las votaciones, pero que no alcanzó a revisarse tras el rechazo de la idea de legislar del texto en su conjunto.
El proyecto rechazado se insertaba en el capítulo IV de la Carta Fundamental. Apuntaba al apartado de normas referentes al Presidente de la República. Cabe recordar que en dicho marco se establece la dignidad oficial de “expresidente”, que atinge a quienes se hayan desempeñado en el cargo por un periodo completo.
La reforma constitucional definía que los expresidentes percibirían, como única renta, una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. Además, establecía que no se podrían establecer asignaciones adicionales con fondos públicos.
Luego, especificaba que la mencionada dignidad de expresidente de la República no se aplicaría a quien llegase a ocupar el cargo por vacancia. Tampoco en caso que se declarara al Mandatario culpable en juicio político seguido en su contra.
Adicionalmente, se detallaba que el expresidente que asumiera alguna función remunerada, con fondos públicos o privados, en tanto la desempeñara, dejaría de percibir la dieta. Tampoco iban a percibir la dieta mientras fueran candidatos a cargos de elección popular.
Debate por dieta de expresidentes
En la discusión participaron Bernardo Berger, Roberto Arroyo, Hotuiti Teao, Víctor Alejandro Pino, Andrés Celis, Marta Bravo, Lorena Fries, Camila Flores, Jorge Alessandri, Henry Leal, Francisco Undurraga, Gonzalo Winter, Yovana Ahumada, Alberto Undurraga, Paula Labra, Jorge Saffirio, Gustavo Benavente, Cristóbal Urruticoechea, Andrés Longton, Marlene Pérez, Ximena Ossandón, Raúl Leiva, Juan Carlos Beltrán, Sergio Bobadilla, Francesca Muñoz, Camila Musante, Diego Schalper, Jorge Durán, Andrés Jouannet, Lorena Pizarro y Félix González.
Los que estuvieron a favor de la reforma estimaron que la dieta, tal como está hoy definida en la Constitución, representa un privilegio que no se justifica. Varios reclamaron que se les entregue, además, asignaciones complementarias, punto que la reforma abordó. Así, postularon que esto es una afrenta para la ciudadanía, por lo que apelaron a avanzar en eficiencia fiscal, restringiendo el beneficio.
Quienes estuvieron en esta postura también valoraron la indicación del diputado Benavente, que buscó limitar la entrega de la dieta a los expresidentes a partir de los 65 años de edad y que, como se mencionó más arriba, no llegó a votarse. Se estimó que esta limitante era consecuente con el hecho que los chilenos se pensionan a partir de esa edad.
Se sostuvo que la dieta para los expresidentes no es una institución republicana. Y, si bien, varios dijeron no oponerse a ella, consideraron que tampoco puede transformarse en un privilegio vitalicio. En dicho contexto apuntaron, en particular, a la figura del actual Mandatario, Gabriel Boric.
Posturas en contra de la enmienda
Los discursos en contra de la reforma constitucional resaltaron que la dieta viene a cuidar la figura de la Presidencia de la República. De tal modo, se busca evitar que los exmandatarios queden a disposición del libre mercado o se conviertan en agentes de lobby cuando terminen con su cargo. Igualmente, recordaron que disponen de información privilegiada y sensible que puede ser delicada de transmitir hacia el sector privado.
También se resaltó que este beneficio promueve que la persona gobierne el país pensando en Chile y no a dónde irá a trabajar cuando deje su administración. Y, respecto de las asignaciones, se estimó pertinente revisarlas, pero no eliminarlas, dado que son necesarias para la mantención de oficinas y pago de personal.
Finalmente, entre otras críticas, se refutó que se impulse esta enmienda en año electoral o que se apunte directamente a un Mandatario, “legislando con nombre y apellido”.
Estado de excepción
La Sala también aprobó una nueva solicitud del Presidente para extender la aplicación del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur. La prórroga de 30 día comenzará a aplicarse una vez que venza el decreto vigente, el próximo 27 de septiembre.
Entre los datos entregados en el informe, se indica que la medida ha permitido, al 7 de septiembre, 647.370 controles. Asimismo, se ha concretado la detención de 1.376 personas. Además, se observa una disminución del 36% de los eventos de violencia rural en la macrozona, respecto al mismo periodo del 2024. El descenso llega a un 80%, en comparación con el 2021.
Los ataques incendiarios, robos y eventos de sustracción de madera en contexto de violencia rural son los delitos que más han disminuido, respecto del 2024. Específicamente, los ataques incendiarios se redujeron un 39%, mientras que los robos un 48% y los eventos de sustracción de madera un 52%.
