Mejorar la persecución penal y modernizar la gestión institucional son parte de los ejes centrales del proyecto que busca fortalecer el Ministerio Público. La iniciativa despachada por la Comisión de Constitución, ahora será analizada por su par de Hacienda, debido a los recursos económicos que involucra (boletín 16374).
El texto, aprobado en primer trámite por el Senado el 4 de marzo pasado, considera un importante aumento en la dotación del personal de la Fiscalía. Además, crea nuevas estructuras en su organización, así como nuevas atribuciones para el fiscal nacional.
Concretamente, la iniciativa amplía en 819 cargos la dotación del Ministerio Público en un plazo de cuatro años. De estos, 205 corresponden a nuevos fiscales, lo que permitirá llegar a un total de mil fiscales a nivel nacional.
Este aumento de personal y demás cambios que considera el proyecto, irrogará el primer año de operación de la reforma recursos por $14.696 millones; mientras que, en régimen, el costo adicional que tendrá esta modificación será de $43 mil millones anuales.
Orgánica del Ministerio Público
El proyecto presentado por el Gobierno y que constituiría la mayor reforma al ente persecutor desde su creación, también contempla medidas para modernizar el modelo orgánico de la Fiscalía.
Para ello, propone crear el Sistema de Supervisión de la Persecución Penal. Su objetivo será velar por el cumplimiento de las instrucciones, así como por la calidad y oportunidad de la persecución penal. De tal modo, se espera mejorar las investigaciones y, en consecuencia, la confianza ciudadana.
A su vez, fortalecer el trabajo de la unidad de atención de víctimas y testigos. Esto, especialmente, en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales que involucran a niños, niñas y adolescentes.
En otro punto, permite la reincorporación de fiscales regionales como fiscales adjuntos, una vez concluido su periodo. La idea es aprovechar la experiencia adquirida en el ejercicio de su cargo.
Junto a ello, se establece la obligación de someter a evaluación externa el funcionamiento del Ministerio Público, cada tres años. El objetivo es promover la mejora continua de la calidad de la persecución penal y la atención de víctimas y testigos.
Formación y capacitación
El proyecto aprobado también considera apoyo a la formación y perfeccionamiento de los fiscales adjuntos, así como la capacitación de estos y de los funcionarios. Esto se hará a través de la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación, con sede en la Fiscalía Nacional, cuya función será diseñar e implementar dichos programas y cursos.
El fiscal nacional, por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales, del fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial o de la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación, según corresponda, aprobará los programas y cursos, velando porque todos los funcionarios puedan acceder equitativamente a ellos.
Por último, en una de las últimas votaciones, la comisión aprobó las normas que permiten percibir asignación profesional a los funcionarios de los escalafones administrativos y de auxiliares en la medida que cuenten con un titulo otorgado por una universidad o instituto profesional reconocido por el Estado y se desempeñen en jornada completa.
Mejorar la persecución penal
Durante la discusión de la iniciativa, las y los legisladores plantearon diversos aspectos que debían priorizarse para mejorar el trabajo del Ministerio Público.
El diputado Marcos Ilabaca valoró que este proyecto aborde un punto fundamental en materia de persecución penal. Al respecto, recalcó que los problemas de seguridad pública no se combaten solo con aumentar penas o crear nuevas figuras penales, sino con reforzar la dotación de las fiscalías. Explicó que en el país muchas de estas son de carácter unipersonal, es decir, solo cuentan con un fiscal y un abogado ayudante para hacerse cargo de un número enorme de causas.
Por lo anterior, destacó el aumento de personal que permitirá mejorar y reforzar la investigación criminal.
En tanto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, detalló que el aumento de fiscales es de un 20%, los cuales podrán abocarse a las causas y ejercer la acción penal para castigar los delitos que afectan a la ciudadanía.
El personero también puntualizó que esta propuesta establece un sistema de control y de evaluación que será externo al Ministerio Público, para verificar con datos que este cumple con el rol que tiene asignado.
