Ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados, el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior, Camilo Grez Luna, expuso la normativa vigente sobre emergencia hídrica, frente a la deficiencia en el acceso al agua.
El análisis se desarrolló tras la preocupación expresada por el grupo parlamentario en torno el tema del abastecimiento de camiones aljibe en comunas con emergencia hídrica.
Grez destacó que la Glosa 07 de la Ley de Presupuestos 2025 les permite financiar emergencias o gastos imprevistos de manera inmediata. Así, se incorporaron los conceptos de “emergencia hídrica” y “accesibilidad hídrica” como criterios clave para la distribución de recursos.
Asimismo, como parte de la respuesta a los problemas derivados de la dependencia de camiones aljibe, se implementaron nuevas directrices que buscan mejorar los procedimientos del programa. Entre ellas, se encuentra el cambio en los contratos de distribución, que pasan de ser trimestrales a semestrales.
En particular, explicó que, a través de la Circular N°7, se aborda la inaccesibilidad al agua potable en zonas no cubiertas por decretos de escasez, considerando como afectadas a las personas sin acceso a sistemas de agua potable o a servicios sanitarios urbanos. Además, refuerza el mecanismo de licitación pública e incorpora la proyección de recursos, lo que permitiría avanzar hacia una planificación más estructurada.
El nuevo procedimiento se desarrolla en cuatro etapas: declaración de emergencia, catastro de afectados (priorizando al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares), entrega y fiscalización de la ayuda.
No obstante, el catastro más reciente indica que 168.072 personas, en 121 comunas, principalmente en las regiones de Coquimbo, Ñuble y Biobío, continúan enfrentando esta situación crítica.
Preocupación por falta de agua en localidades
Sobre este problema, las y los diputados manifestaron su inquietud por las deficiencias en el acceso y distribución del recurso.
Víctor Alejandro Pino denunció retrasos en los pagos a proveedores en la provincia de Limarí y pidió mayor fiscalización sobre los camiones repartidores de agua en la región de Coquimbo. En tanto, Héctor Barría solicitó una política hídrica más ordenada, subrayando los efectos de la sequía en Los Lagos y la existencia de sueldos impagos a trabajadores de camiones aljibe.
Por su parte, Marta González criticó la falta de planificación y la ausencia de soluciones sostenibles; mientras que María Francisca Bello abogó por una mejor gestión de los recursos públicos y urgió a avanzar en la tramitación de la Ley de Presupuestos Regionales.
Finalmente, las y los legisladores plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación para garantizar una implementación efectiva de las políticas hídricas.
