Comisión mantuvo limitantes para alzamiento administrativo del secreto bancario

Seguridad Ciudadana rechazó una indicación del Ejecutivo que buscaba ampliar esta facultad para fiscales que realicen investigaciones relacionadas con delitos económicos en la Comisión para el Mercado Financiero.

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Con voto mayoritario de seis votos en contra y cinco a favor, la Comisión de Seguridad Ciudadana rechazó una enmienda propuesta por el Ejecutivo al proyecto (boletín 15975) que crea el Subsistema de Inteligencia Económica relacionada al secreto bancario.

La indicación permitía al fiscal encargado de investigaciones de delitos económicos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acceder a informaciones bancarias sin la necesidad de una autorización judicial.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, junto a personeros de la CMF, presentó la propuesta. Explicaron que la norma viene a corregir una asimetría originada tras un traspaso de funciones y atribuciones desde la antigua SBIF a la CMF. En dicho proceso se mantuvo la atribución para el personal traspasado. Sin embargo, ella no fue replicada para el fiscal. Así, la idea era uniformar la regla para quien lleva a cabo las investigaciones.

Según se sostuvo, la disposición no implica flujos de datos al Ministerio Público. Además, se afirmó que existe un fuerte marco legal para verificar que no haya trasgresión de la información, incluyendo sanciones administrativas y penales.

Pese a lo anterior, la mayoría no acogió los argumentos del Ejecutivo y rechazó tanto la indicación como el artículo propiamente tal. “Analizamos un artículo que era relativo al tema del secreto bancario. La posibilidad que la CMF pueda saltarse la visión de un tribunal para poder meterse en las cuentas de una persona en particular. Claramente, es algo que generó bastante polémica y que fue rechazado por la comisión toda vez que la inmensa mayoría de la comisión considera que esto debe tener un resguardo para evitar el fisgoneo”, comentó el presidente de la comisión, diputado Cristián Araya.

A favor del levantamiento del secreto bancario

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Leiva resaltó que este es un proyecto fundamental para la persecución del crimen organizado. “Pero, más que eso, es la inteligencia financiera para poder establecer lavado de activos mediante el alzamiento administrativo del secreto bancario”.

El legislador lamentó que la derecha, al igual que lo hizo en el Senado, rechazara la materia. “Yo creo que es fundamental poder seguir la huella del dinero para poder atacar un crimen organizado cada vez más desarrollado y compartimentado. Es la única manera. Lamentablemente, se oponen a esta circunstancia”, enfatizó.

Dijo que la norma se utilizaría cuando existan reportes de operaciones sospechosas de personas jurídicas, que involucren a un funcionario público o que sean emitidas por una institución financiera. “Se rechazó. Esperamos que se pueda renovar en la Sala”, planteó.

Transporte interregional

En la sesión, el grupo parlamentario también analizó las indicaciones al proyecto (boletín 16703) que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.

Los primeros tres artículos, así como el penúltimo, se aprobaron con un contundente respaldo o en forma unánime, incluyendo una indicación del Gobierno. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte otras normas.

La primera de ellas era una enmienda que buscaba definir un mecanismo para hacer exigible esta norma a menores de edad. Al respecto, la comisión rechazó tanto la fórmula planteada por el Ejecutivo como la impulsada por el diputado Cristián Araya. Ella exigía como documentos válidos para la acreditación de la identidad la cédula de identidad, el pasaporte o el pase escolar.

De igual modo, se eliminó un artículo que había sido aprobado en el primer informe y que definía un marco sancionatorio. El diputado Araya lamentó la decisión, ya que hacía viable poder exigir el cumplimiento de esta ley, por lo que llamó a corregir el punto en el trámite restante.

Tampoco se apoyó una norma que venía a definir un articulado transitorio.