154 trabajadores fallecieron durante el año 2024 y aunque es una cifra que ha ido bajando en la última década, la salud y seguridad de trabajadores es un tema que preocupa a diputadas y diputados. Sobre todo, luego del derrumbe ocurrido en la mina El Teniente, que dejó seis mineros fallecidos en agosto pasado.
Por ello, en septiembre ingresó a trámite una moción para modificar el Código del Trabajo y otras normativas, en materia de salud y seguridad laboral (boletín 17.837). El texto radicado en la Comisión de Trabajo se enfoca en la prevención, la corrección de conductas y dar mayores garantías para los trabajadores al fortalecer la organización sindical.
Su autor y presidente de la instancia, diputado Andrés Giordano, dijo que se busca alcanzar estándares internacionales de trabajo decente y que “el trabajo no sea una amenaza para la vida”. En dicho sentido, apuntó que si se revisan los accidentes laborales con resultado de muerte en los diferentes rubros, lamentablemente, están marcados por una subcontratación dominante. Así, por ejemplo, citó lo que ocurre en actividades como la salmonicultura, el transporte, la minería y la agricultura, que lideran estos registros.
Contenidos del proyecto
El proyecto aborda, entre otros aspectos, la protección a la vida y salud de las personas trabajadoras. Esto a partir de propuestas como permitir la paralización ante riesgo grave e inminente. Además, que las empresas implementen protocolos de denuncia anónima sobre condiciones inseguras y riesgosas.
La moción también aborda el tema de la subcontratación, con el fin de exigir igualdad de condiciones de salud y seguridad para todos los trabajadores, independiente del empleador específico.
Para dar cumplimiento a esta regulación, el texto propone un marco de multas o sanciones económicas y penales, que se ajustarán al número de trabajadores y a los ingresos anuales de la empresa.
Incluso, se plantea la clausura obligatoria de instalaciones ante riesgos inminentes o reincidencias en materia de seguridad.
Postura del Ejecutivo
El ministro del ramo, Giorgio Boccardo, valoró la iniciativa y manifestó la disposición del gobierno para abrir espacios de mejora del texto. Al respecto, explicó que se deben revisar leyes y reglamentos relacionados a la doctrina de la Dirección del Trabajo.
Así, destacó dos aspectos relevantes de la propuesta: el rol del coordinador de salud y seguridad que hoy existe en empresas mandantes y su relación con contratistas. En segundo lugar, que se proponga que las organizaciones sindicales colaboren en la fiscalización. No obstante, también indicó que deben revisarse las sanciones penales planteadas.
Por su parte, el director nacional (s) de la Dirección del Trabajo, Sergio Santibáñez, señaló que, en la práctica, la clausura de faenas no existe. Precisó que, según el DFL2 respectivo, se da esa posibilidad solo de manera limitada, ya que la empresa puede presentar un recurso judicial. Pero, agregó, sí se puede establecer la suspensión ante riesgo inminente.
En materia de sanciones disponibles, reconoció que estas son ineficaces para el cambio de conducta, sobre todo en grandes empresas, ya que, actualmente, el monto máximo alcanza las 60 UTM, es decir, 4 millones 115 mil pesos.
Por último, en cuanto a las cifras de accidentabilidad laboral, ahondó que, entre enero 2022 a agosto de 2025, hubo más de 8.200 accidentes fatales y/o graves. Asimismo, de las más de 61 mil denuncias, 42 mil de estas fueron interpuestas por los propios trabajadores.
