La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el estudio y discusión del proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo (boletín 17.564). La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fue la encargada de presentar la propuesta del gobierno ante las y los diputados.
La iniciativa busca habilitar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, a solicitud de la mujer, adolescente o niña embarazada. Además, encarga al Ministerio de Salud dictar las normas técnicas para regular la prestación en un plazo de seis meses desde publicada la ley.
El texto detalla las condiciones de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, donde el consentimiento es el principal requisito. Así, establece que la manifestación de voluntad deberá realizarse según lo dispuesto en el Código Sanitario para la interrupción de embarazo por las tres causales.
Junto a esto, el proyecto reafirma que la mujer tendrá derecho a recibir información veraz y completa en los mismos términos que contempla la actual norma. Del mismo modo, se mantiene el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia del personal de salud en los términos ya regulados.
Acceso y rol de matronas
El mensaje reconoce la obligación del Estado de implementar medidas para garantizar el acceso en el más breve plazo a la interrupción voluntaria del embarazo. Junto a la entrega de información veraz, completa y objetiva sobre la regulación, los derechos y condiciones para acceder a dicha prestación.
Además, la iniciativa modifica el Código Sanitario para reconocer esta atención dentro de los servicios profesionales de las matronas. En dicho sentido, también las faculta para indicar, usar y prescribir los medicamentos necesarios para esta prestación.
Antecedentes interrupción voluntaria del embarazo
En la presentación de la propuesta, la ministra Orellana entregó antecedentes que justifican la necesidad de legislar sobre la materia y entregó ejemplos de legislación comparada en el mundo.
La personera puntualizó que la criminalización del aborto no influye en la decisión de realizarlo, pero sí significa que mujeres y adolescentes lo hagan poniendo en riesgo sus vidas. Esto por no contar con las medidas sanitarias necesarias y el temor de asistir a centros asistenciales si presentan complicaciones.
Del mismo modo, señaló que de los 193 países reconocidos por la Asamblea General de la ONU, 77 permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto, compartió una tabla comparativa de algunos países que lo permiten y en qué semana:
| PAÍSES | SEMANAS |
| Alemania, Dinamarca, Ciudad de México y Uruguay | 12 semanas |
| Argentina, España y Francia | 14 semanas |
| Suecia | 18 semanas |
| Islandia | 22 semanas |
| Colombia, Reino Unido y Australia | 24 semanas |
Debate parlamentario
Tras la presentación por parte del Ejecutivo, las y los diputados expresaron sus posiciones preliminares sobre el proyecto. Quienes se manifestaron en contra argumentaron que la iniciativa pone en discusión el valor de la vida. Además, cuestionaron que esta propuesta permitiría la interrupción hasta las 14 semanas.
Junto a esto, también criticaron que el proyecto no contemple medidas preventivas de embarazos no deseados. Adicionalmente, alertaron sobre un eventual riesgo de aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Finalmente, consultaron sobre los recursos que significará la implementación de esta nueva prestación de salud.
Por otra parte, las y los diputados a favor llamaron a realizar un debate democrático sobre esta materia. En particular, si bien reconocieron que el debate involucra elementos valóricos, es necesario entender que pueden existir diferencias de valores en la población. Así, se recalcó que el proyecto no obliga a nadie a abortar, así como tampoco se puede obligar a una persona a llevar adelante una gestación no deseada.
