Con la presencia de los Ministros de Obras Públicas y de Transportes, Juan Andrés Fontaine y Gloria Hutt, la Sala de la Cámara de Diputados analizó en sesión especial, entre las 19:30 y las 21:20 hrs, la situación de congestión en las carreteras del país, en especial la carretera panamericana y la ruta 68.
El diputado DC Jorge Sabag abrió el debate a nombre de su bancada, la cual fue la que solicitó la cita. En su intervención, el legislador estimó necesario que el Gobierno promueva una política de inversión en infraestructura vial a largo plazo, que permita aumentar la capacidad de las carreteras y enfrentar eficientemente la alta congestión que se vive en muchas de ellas.
Además, llamó a promover una política multimodal que incorpore nuevas formas de transporte y que se haga una evaluación técnico económica de un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso que permita recuperar y reivindicar el rol de ferrocarriles en el desarrollo de nuestro país.
Para el diputado UDI Juan Antonio Coloma, es preciso reactivar una serie de políticas públicas que subsanen malas ejecuciones anteriores. “Nos dejaron botados y eso hay que decirlo, por ejemplo el caso de la Autopista del Sol, una zona que fue olvidada y donde la forma que había para palear era la construcción del tren Santiago-Melipilla, que fue prometido por la Presidenta Bachelet el 2014; que aquí lo vino a prometer el exministro Andrés Gómez-Lobo y que no hicieron nada. Lo paralizaron, lo estancaron y hoy nos enfrentamos a la necesidad de reimpulsar estas políticas públicas”, remarcó.
Gastón Saavedra (PS) apuntó a los problemas del Gran Concepción. “Es fundamental potenciar el rol del biotrén, que actualmente moviliza una porción mínima de los viajes, menos del 1%, pero que tiene un potencial enorme, principalmente en calidad. La red de corredores de transporte del Gran Concepción tiene 70 km, no obstante solo se han construido el 30% a un ritmo de 2 km promedio por año. Urge, así, agilizar el ritmo de construcción para combatir los niveles de congestión que crecen año a año”, precisó.
La diputada Marisela Santibáñez (PPD) estimó que se debe hablar hoy de las consecuencias del crecimiento de las ciudades. “Es la oportunidad de hablar a nivel nacional de conectividad valores y accesos y roles de quienes prestan servicios; es hablar de propuestas de mediano y largo plazo para hacernos cargo del aumento del parque vehicular y de la falta de vías alternativas”, acotó.
Para Boris Barrera (PC), sin duda hay que revisar las políticas de infraestructura y transporte público y privado en Chile, cuyo eje es el desarrollo de autopistas mediante privados. Consideró que en nuestro país se sobreutlizan los medios de transporte que usan algún combustible fósil donde la alta afluencia de vehículos representan una fuerte riqueza y lucro para los concesionarios.
José Pérez (PRSD) observó las graves dificultades que se producen en los fines de semana largos, no solo en materia de congestión, sino también de accidentabilidad. En este plano pidió avanzar en una mayor conectividad ferroviaria en las distintas regiones del país.
Tomás Hirsch (Humanista) resaltó que su sector no está en contra de la asociación público-privada, pero si planteó que existe suspicacia a la hora de analizar que quiénes son los principales beneficiarios de las obras públicas concesionadas son las empresas y no los usuarios.
Renato Garín (RD) también fue crítico con el sistema de concesiones y sostuvo que, a nivel general, este ha ahondado en un excesivo poder para las empresas y muy poco para los usuarios que deben enfrentar condiciones inseguras en las carreteras, malos accesos y altas tarifas, entre otros efectos. Además, como otros legisladores estimó que el desarrollo ferroviario es una necesidad histórica para Chile.
Miguel Mellado (RN), por su parte, llamó a poner más atención al desarrollo vial y a la conectividad de las regiones, como La Aucanía y no solo centrar los avances en Santiago o en las zonas circundantes a la capital.
El Ministro Juan Andrés Fontaine valoró la oportunidad de analizar el tema y sostuvo que es una materia de preocupación para el Gobierno. Planteó que los gobiernos pasados tuvieron una baja en inversión en infraestructura, lo cual esperan subsanar en los cuatro años de gobierno, tanto en materia vial como ferroviaria.
Adelantó que el programa de gobierno incluye avanzar en peajes libres; ampliar la capacidad de carreteras interurbanas en tramos cercanos a Santiago; y en promover la construcción de nuevas pistas en carreteras cuya concesión se relicite. En tema de trenes dijo que se espera fortalecer el sistema ferroviario de la macrozona central.
Finalmente, remarcó que se trabaja también en planes de contingencia para abordar el tema de la congestión que se presenta hoy en las carreteras, particularmente en los fines de semana largos, que pasa por impulsar desconcentrar la cantidad de vehículos que pasan por la carretera a una determinada hora, por medio de información y medidas como la rebaja de tarifas en los peajes.
Resoluciones aprobadas
Al término de la jornada, la Sala aprobó – por 100 votos a favor y tres abstenciones- la resolución que pide al Presidente de la República instruir al Ministerio de Transportes y demás organismos dependientes para que, en conjunto con las empresas concesionarias, desarrollen medidas tendientes a liberar durante feriados o períodos de recambio de turistas en época de vacaciones, del pago de peaje a los automovilistas que transitan en sentido contrario a la congestión, como compensación a las menores alternativas de desplazamiento y la falta de casetas de peaje.
Una segunda resolución requiere al Gobierno implementar políticas de infraestructura vial a largo plazo para enfrentar la congestión; y multimodales que incorporen nuevas formas de transportes y terminen con la orfandad de Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, con un tren Santiago-Valparaíso; y resolver los problemas de atochamientos en las carreteras de acceso a la capital, implementando mayor tecnología mediante el sistema de peaje sin barrera que disminuyan los tiempos de traslado.
Por último, la iniciativa parlamentaria -que sumó 100 votos a favor y dos abstenciones- solicita que en el proceso de renovación de los contratos de concesión se considere mayor consulta ciudadana a las comunidades involucradas y flexibilidad e incentivos para introducir más tecnología que mejore tanto la infraestructura como la servicialidad.
