Un nuevo foco de tensión entre el Ministerio de Hacienda y la administración de Michelle Bachelet se instaló, tras acusar el Ministro Felipe Larraín una mayor presión fiscal para los próximos cuatro años, derivada de la deuda en salud, temas de arrastre y leyes o proyectos de la administración de Michelle Bachelet, que no contarían con financiamiento específico.
Haciéndose parte del tema, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizó el punto con el Ministro Felipe Larraín, quien ya sumara controversias con el Gobierno anterior por medio del recálculo de las contribuciones y sus opiniones sobre la situación fiscal heredada.
Larraín, quien estuvo acompañado del director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, afirmó en su presentación que la mayor presión alcanza los 5 mil 500 millones de dólares en los cuatro años, que se desglosan en 1.571 millones para 2018; 1.561 millones para 2019; 1.228 millones para el 2020; y 1.207 millones para 2021.
Tras un pormenorizado detalle de las cifras por parte de Rodrigo Cerda, el Secretario de Estado fue claro en apuntar al sector de salud como el principal factor de presión fiscal. “Hemos presentado, ítem por ítem, cómo llegamos al número de los 5 mil 566 millones de dólares. Esto está todo respaldado en un amplio informe, en una amplia presentación que hemos hecho acá. Y es cierto que el principal problema está en el sector salud, además con un déficit de ejecución, una sobrejecución que fue creciendo y que llegó el año pasado a los 630 mil millones de pesos, esto es, más de mil millones de dólares de sobre ejecución en salud”, precisó.
Asimismo, enfatizó que el Gobierno hará frente al tema, buscando que no afecte a las personas, avanzando en una “apretada de cinturón en el sector público”, por medio de un mayor crecimiento económico del país.
El oficialismo respaldó las cifras entregadas por el Gobierno y expresó su preocupación por el esfuerzo que tendrá que hacer el Estado en el tema.
“Lo que hizo el Ministro hoy día es no venir a alarmar ni mucho menos. A lo que él vino es a transparentar con lo que se encontró al 12 de marzo en el Ministerio de Hacienda, con muchas iniciativas incluso legales y muchos programas que, si bien fueron ofrecidos a la ciudadanía, no fueron anotados o no fueron provisionados, como se dice en la jerga presupuestaria. Y, por lo tanto, eso significa que el Estado va a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder cumplir en estos cuatro años los compromisos que el Gobierno anterior dejó hacia la ciudadanía”, sostuvo el diputado Leopoldo Pérez (RN).
En la oposición hubo una reacción tensional, particularmente por incluirse en la citada presión fiscal proyectos que aun no han dado la luz como ley y que, incluso, pueden no llegar a término; o iniciativas que, ya aprobadas, contaron con la respectiva previsión de financiamiento, pero que su ejecución fue postergada para este u otro año.
Sin embargo, varios legisladores del sector reconocieron en salud un problema a enfrentar.
“Es bueno hincarle el diente al tema de salud, pero también metodológicamente hay muchas dudas sobre si esto puede ser o no interpretado como algo evitable. El tema de salud es algo que viene desde el 2006, desde el Auge. Cómo estos últimos cuatro o cinco años se ha generado una explotación en materia de gasto corriente, es decir, de prestaciones de salud, corresponde más a un problema de planificación de larga data del Estado, más que a un error administrativo de los últimos cuatro años. Yo no tengo ningún problema, si es que se detecta que hay algún problema administrativo que haya que sancionar o condenar, pero en este caso, al parecer, es un cambio metodológico sumado a esta explosión en materia de salud, específicamente, que por supuesto hay que hincarle el diente para que no estemos pagándole sobreprecios a los privados”, planteó el diputado Giorgio Jackson (RD).
Para el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini (DC), es claro que la actual administración aprovecha la coyuntura, magnificando un problema que es cierto, “para echarle barro al Gobierno anterior” y para justificar la eliminación de algunos programas, argumentando que no se tienen recursos y no se pueden hacer.
“Yo creo que en esto deberíamos ser más claros; se lo he dicho al Ministro. Más que echar culpas, miremos para adelante; si hay errores, corrijámoslos, Gobierno, Parlamento, no cierto, con la gente, con los dirigentes, porque si no nos estamos empantanando en peleas sin salida. Blanco y negro. Y esto tiene manera, salvo salud que ahí no sé cómo vamos a hacer. Hay un problema serio y hay que buscarle una salida distinta al resto”, remarcó el parlamentario.
El debate se espera que continúe el próximo lunes en un encuentro de la Comisión Mixta de Presupuesto, donde participarán los legisladores y al cual están invitados los extitulares de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, Nicolás Eyzaguirre y Sergio Granados, respectivamente.
Detalles de la presentación
En su presentación, el Ministro Felipe Larraín volvió a mostrar gráficos anteriores relativos a la situación fiscal, incluyendo datos del balance efectivo de las arcas fiscales, del balance estructural, del nivel de deuda y de la baja en la clasificación de riesgo internacional.
Luego, avanzó propiamente en la materia de la convocatoria exponiendo que las presiones de gasto sin financiamiento provienen de tres fuentes principales: arrastre de gastos no devengados ni ejecutados en 2017; sobre ejecución de gasto en algunas partidas; y proyectos de ley ingresados al Congreso, no provisionados.
Sostuvo que estas presiones implican gastos comprometidos que no están considerados en la Ley de Presupuestos 2018, ni se encuentran presentes en el Tesoro Público o en el Programa Financiero 2019 – 2021.
En dicho marco, dijo que es prioritario profundizar la austeridad fiscal y anunció que en el transcurso de las próximas dos semanas se anunciará la extensión dicha medida.
Rodrigo Cerda detalló luego que el mayor incremento de gasto se presenta en el año 2018, el cual obedece principalmente a un aumento de plantas institucionales y reencansillamiento (promociones y mejoras de grados), cuyo financiamiento estaba contemplado en 2017, el cual por retrasos en la dictación de los DFL respectivos no pudo perfeccionarse y su devengo se desfasó para el año 2018. En todo caso, reconoció que estas presiones son “inevitables”.
Remarcó que también hay un mayor gasto histórico no reconocido en el presupuesto nacional. “El sobregasto en salud ha sido creciente en los últimos cuatro años, con un promedio anual de $413.302 millones, alcanzando en 2017 la cifra de $629.969 millones. Esta línea es por lejos la de mayor incidencia en el aumento de gasto, la cual asciende a cerca de USD 1.000 millones en 2018”, especificó.
Cerda indicó que también presentan una incidencia en la presión de gasto las siguientes materias: un diferencial no financiado (USD 185 millones) del monto de licencias médicas del Sector Público Fonasa y la CCAF, el cual ha crecido por mayores días de licencias e incremento de remuneraciones; déficit estimado por USD 45 millones para hacer frente a diferentes eventos de emergencia en el país; mayor gasto por USD 24 millones en los programas de contingencia contra el empleo y por USD 45 millones por aumento de cobertura en programas sociales (pilar solidario, bono por hijo, pensiones Dipreca); deudas previsionales y remuneracionales de los municipios para con los profesores, por efecto de la aplicación del nuevo sistema de educación pública; y la realización de la Cumbre APEC en 2019 en Chile, cuyo costo estimado es de USD 46 millones.
