Diputados despacharon al Ejecutivo proyecto que traspasa el Hospital Padre A. Hurtado a la red pública

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En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República quedó el proyecto (boletín 11484) que permite el traspaso del establecimiento de salud de carácter experimental, Hospital Padre Alberto Hurtado, a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las plantas de personal del citado servicio.

Lo anterior, luego que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara, por 144 votos a favor y tres abstenciones, las dos modificaciones del Senado al texto ratificado en el primer trámite.

El primer aspecto que varió apunta al tiempo que deben acreditar los profesionales del establecimiento hospitalario para dispensarse de la obligación de prestar servicios de guardia nocturna y en días domingo o festivos.

El texto aprobado por la Cámara definió que los médicos cirujanos, farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas del hospital Padre Alberto Hurtado que durante más de veinte años hayan prestado, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en sus contratos, servicios de guardia nocturna y en días domingo o festivos, quedarán exentos de la citada obligación y conservarán los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera sea la modalidad de contratación en que actualmente se desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro.

Además, se establece que, para efectos del cómputo del plazo citado, se considerará todo lapso servido, sea en calidad de reemplazante, suplente, a contrata o interino.

El Senado vino a agregar a lo anterior que se considerarán también los tiempos que el becario haya prestado durante la realización de la beca en guardias nocturnas y en días festivos.

Una segunda modificación apunto al personal que desempeña cargos de Alta Dirección Pública. La norma definida por la Cámara estipulaba que estas personas mantendrían su nombramiento y continuarían rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de su designación, hasta la entrada en vigencia de los encasillamientos del personal. El Senado restó esta última condicionante.