El proyecto en debate (boletín 11697) señala que en los últimos años el país ha conocido lamentables hechos que afectan la probidad pública de algunas instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, con indicios claros de ser fallas institucionales sistémicas en los controles internos y externos, producto de la falta de transparencia y publicidad en las mismas, entre otras causas.
Es por esto que se estima necesario y urgente promover cambios normativos que faciliten el control público, especialmente en aquellas instituciones recientemente afectadas en su credibilidad y, con ello, evitar que el exceso de secretismo o reserva, sea comprendida como un privilegio de ciertos sectores.
La iniciativa surge luego que la Cámara aprobara tomar conocimiento de estas irregularidades y creara diversas comisiones investigadoras a fin de indagar y reunir información sobre las irregularidades en la gestión y administración financiera; analizar las eventuales fallas en el desarrollo e implementación de los procedimientos y sistemas de control; e investigar las responsabilidades administrativas y políticas; entre otros objetivos; con el propósito último de que estos hechos no se vuelvan a repetir.
De aquella lectura de las propuestas y recomendaciones de los informes de comisión resulta evidente la necesidad de mejorar los sistemas de control, tanto internos como externos.
El autor de la iniciativa, diputado Leonardo Soto (PS) que integra la Comisión de Constitución explicó que “estas instituciones están exentas de esta obligación porque en dictadura se les entregó un privilegio del secreto o reserva sobre casi todo lo que ellos hacen”.
“Nosotros creemos que ese privilegio debiera ser derogado, ya que para lo único que ha servido ha sido para gatillar, mantener y ocultar muchas redes de corrupción que hoy día se han instalado en estas Fuerzas Armadas. Al alero de esta oscuridad o hermetismo más bien ha surgido un desprestigio para la institución y uno puede ver episodios que tienen que ver con la administración de caballos en Carabineros, la compra de helicópteros en las Fuerzas Armadas, pues bien, esas adquisiciones, esas gestiones que se hacen sobre esos bienes que son de todos los chilenos tienen que ser conocidas y transparentadas”, recalcó el parlamentario.
El estudio del proyecto, explico el diputado, considera, además, “configurar de manera precisa las excepciones que tienen que haber por la materia que igual tiene algún grado de sensibilidad como es la seguridad nacional o la seguridad pública que sin duda va a justificar algún tipo de excepción, pero de ninguna manera va a justificar que la regla general sea el oscurantismo o la opacidad como es hoy día”.
Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) se manifestó a favor de la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad, no así en las Fuerzas Armadas, en las que dijo se debe ser cuidadoso respecto de la información en algunas cosas, por lo que cree necesario conocer la opinión del Ministro de Defensa o de personas como el (ex)ministro Jorge Burgos o Rodrigo Hinzpeter que fueron ministros del interior y defensa para saber hasta dónde llega este secreto de Estado, pero lo que está claro es que la transparencia tiene que operar en las instituciones armadas y mucho mas también en las instituciones de orden que son las policías de investigaciones y carabineros”, explicó.
En otra materia, la Comisión despachó el proyecto que adecua un conjunto de marcos legislativos en razón de la creación de la Región de Ñuble. En términos generales, la iniciativa adecua la composición de los tribunales de la zona, al tiempo que explicita la época en que entrará en vigencia en la nueva Región de Ñuble la ley que regula las entrevistas videograbadas y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. Además, actualiza dicha disposición a la nueva denominación de las distintas regiones del país.