Con el objeto de pronunciarse sobre el mérito jurídico de la presentación, se constituyó el 30 de mayo pasado la comisión que evaluará la acusación constitucional interpuesta contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, por la modificación del protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto por tres causales. Hoy, la instancia volvió a reunirse para planificar la agenda, en la cual esperan contar con la presencia del Secretario de Estado.
El diputado Jorge Rathgeb (RN), presidente del grupo parlamentario, señaló que se velará por garantizar la ecuanimidad al interior del grupo legislativo, con el objeto de que se resuelva sobre la base del mérito de los antecedentes existentes.
“He tratado de ser lo más transparente posible y, finalmente, los acuerdos que se han ido tomando han sido por unanimidad y ni siquiera por votación y eso me deja mucha tranquilidad”, precisó.
El diputado Ramón Barros (UDI), quien espera contar con la presencia del titular de salud en la instancia, que ya fue notificado el pasado jueves (31 de mayo) de la acusación, detalló el cronograma a seguir, sosteniendo que en lo personal prefiere “que venga el ministro para hacerle las consultas que correspondan en función de cómo está estructurado el libelo”.
En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) señaló que esperan también la presencia de las diputadas acusadoras, para que fundamenten la presentación.
“La comisión tiene facultades y yo creo que corresponde escuchar tanto a las acusadoras como al ministro acusado, por lo tanto, serán las patrocinantes quienes también podrán venir a exponer”, puntualizó.
A su turno, el diputado Renato Garín (RD) precisó que si bien todavía no está confirmada la lista definitiva de invitados “va a ser un debate centrado en normas administrativas y constitucionales que nos permitan delimitar el rango de la ilegalidad cometida para con eso, claro, poder determinar sus consecuencias”.
Cabe recordar que la acusación contra Emilio Santelices fue presentada tras el polémico decreto ministerial de objeción de conciencia considerado como ilegal por la contraloría, ya que vulneraría el principio de juridicidad y el derecho a la protección de la salud.
