Solicitar al Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Educación y de Hacienda dar prioridad a la transferencia de fondos a los sostenedores que permitan el pago del Bono de Incentivo al Retiro a beneficio de las/os Asistentes de la Educación seleccionados por la cartera en noviembre de 2017, es uno de los requerimientos de la resolución 299, aprobada por la Cámara por 132 votos a favor y 1 abstención.
La razón de esta petición es que, en octubre de 2016, se aprobó una ley que otorgó una bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que, cumpliendo con una serie de requisitos formales, postularan hasta el 20 de junio de 2017.
Serían cerca de 9 mil las y los beneficiarios entre 2016 y 2022, quienes recibirían una bonificación de un mes de remuneración imponible por cada año de servicio, con un tope de once meses, con un incentivo adicional por antigüedad superior a 10 años.
En noviembre pasado, a través de una resolución del Ministerio de Educación se asignaron los primeros 878 beneficiarios correspondientes a 2016. Sin embrago, aún no se realiza la transferencia de los fondos para realizar el pago correspondiente. Lamentablemente, hasta la fecha, 14 de las personas que deberían recibir el beneficio fallecieron.
Frente a esto, además de solicitar que se asignen los recursos a las instituciones correspondientes, la Cámara pidió instruir a la Subsecretaría de Educación para haga las gestiones con las municipalidades (sostenedores) a fin de que los Concejos agilicen el pago a sus beneficiarios una vez recibidos los recursos.
Además, requiere que se evalúen todas las medidas posibles para que las/os asistentes de la educación beneficiarios del 2016 y que sufren de graves enfermedades, puedan ausentarse de su lugar de trabajo o modificar sus funciones a aquellas menos pesadas. Esto, porque aunque pueden actualmente ausentarse de su trabajo presentando licencias médicas, pesa sobre ellos la amenaza constante de ser desvinculados por salud incompatible.
Finalmente, la resolución, presentada por los diputados Luis Rocafull (PS), Patricio Rosas (PS), Marios Venegas (DC), Marcelo Díaz (PS), Raúl Leiva (PS) y la diputada Jenny Álvarez (PS), señala que si esta situación se repite a futuro (desde el 2017 a 2025) se hagan extensivas estas mismas medidas para quienes resulten afectados por un eventual retraso.
