Con un alto nivel de consenso, la Comisión de Constitución aprobó y despachó a su par de Hacienda el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia (boletín 12027), iniciativa que será informada posteriormente a la Sala por el titular de la instancia legislativa, diputado Hugo Gutiérrez (PC).
Uno de los legisladores que presentó indicaciones al texto legal, diputado Gabriel Boric (IND), calificó el hecho como una avance sustantivo. “Hemos hecho un trabajo a conciencia respecto de las falencias que se han evidenciado, en el último tiempo, en el cuidado, prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerables en nuestro país”, comentó.
El legislador estimó que se debe seguir avanzando en la agenda de la infancia, en especial, en cuanto a la Ley de Garantías y Derechos de la Niñez.
En este mismo escenario, los parlamentarios de Gobierno destacaron el alto consenso que lograron las indicaciones propuestas que apuntaban a perfeccionar el proyecto, sin descartar que aún, en la propia Sala, se puedan presentar más modificaciones.
El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) destacó que la Comisión avanzó en “la forma de financiamiento, en la mano fiscalizadora que le corresponde al Estado y a la sociedad civil en este tipo de servicios, que trabajan con personas en estado de vulnerabilidad”.
Para el diputado Matías Walker (DC), los meses de trabajo dieron su fruto, el que a todos dejó muy contentos. Destacó la importancia en que, en la iniciativa, se precisara el concepto de atención profesional al cambiar el nombre original por “Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y a la adolescencia, donde la internación de los niños y adolescentes va a ser siempre la última opción”.
El proyecto, al que el Ejecutivo le otorgó urgencia de “Suma” (15 días para el trámite) y que constituye una de las dos vías planteadas para la nueva institucionalidad que reemplazará al Sename, busca que los menores puedan recibir un sistema que tenga atención hacia el trabajo con la familia de los menores y adolescente, personal especializado que los atienda y que pueda fiscalizar los programas y transparentar los aportes financieros.
