Por 130 votos a favor y tres abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 1076, que solicita al Presidente de la República enviar un proyecto de ley que condone las deudas del crédito solidario universitario y del crédito para estudios de educación superior (Ley 20.027) a los profesionales, técnicos y administrativos de los distintos servicios de salud pública del país que han trabajado en el combate de la pandemia del Covid-19.
“Consideramos que es de plena justicia que el Estado chileno compense a quienes han dejado de lado su propia vida, para salvar la de otros”, se remarca en el documento impulsado por el independiente Raúl Soto junto a las/os diputadas/os del PPD Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Ricardo Celis y Andrea Parra.
En el texto se reconoce lo complejo que resulta trabajar en el sistema de salud público, debido a que, muchas veces, las condiciones laborales, la falta de implementos y de elementos de protección personal, hacen que los funcionarios se sobreexpongan a contraer enfermedades, lo cual se ve agudizado en los actuales tiempos de pandemia.
Para implementar la medida, las y los legisladores recordaron que nuestro país ya cuenta con un sistema compensatorio de deudas contraídas en razón de créditos universitarios a aquellos profesionales que se dediquen a cumplir funciones en comunas aisladas con carencia de servicios. En concreto, se trata de la Ley 20.330, que fomenta que profesionales y técnicos jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país.
“El mecanismo ya existe y está implementado. Solo se requiere una ampliación en su cobertura, la que puede establecerse mediante una ley con origen en mensaje presidencial, en virtud de las competencias constitucionales del Ejecutivo”, se destaca en la resolución.
