Continúa debate de proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico
La Comisión de Constitución avanzó en la votación de los articulados que determinan los procedimientos para la destrucción de químicos incautados y enajenación de bienes.
La Comisión de Constitución continuó con la votación del proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado (boletín 13.588 y refundidos).
En la sesión, el grupo parlamentario aprobó una indicación presentada por el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), que fue trabajada en conjunto con el Ministerio Público y el Gobierno, referida a la destrucción de las sustancias químicas decomisadas.
La norma señala que, una vez efectuado el análisis químico por parte del Servicio de Salud de la sustancia incautada, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en la ley o a solicitud del Ministerio Público, con autorización del juez de garantía, a través de venta directa o destruidos por el Servicio de Salud respectivo.
En el mismo tenor, también se aprobaron indicaciones presentadas en la línea de detallar los procedimientos de enajenación de los bienes decomisados en este tipo de delitos. Dentro de los cambios aprobados se detalla que el Departamento de Tasación de la Dirección General del Crédito Prendario será el encargado de determinar su valor, para así determinar si se destruyen o no.
Junto a lo anterior, se señala que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños, ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), con el objetivo de ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción y alcoholismo.
La indicación aprobada agrega, además, que estos bienes podrán ser utilizados en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio. Para esto, establece que un reglamento estipulará la forma de distribución de los fondos, así como los mecanismos que garanticen la transparencia de los actos tendientes a su traspaso.
Finalmente, se aprobó que parte de dichos recursos podrán ser destinados también a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicadas a la comisión de los delitos sancionados en la ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de dichos delitos.