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[ACTUALIZACIÓN] Comisión de acusación constitucional recibió a Subsecretario de Economía y a director del SII

Julio Pertuzé se refirió al funcionamiento de la Oficina GPS, dependiente de su ministerio y que fue criticada por ambientalistas. En tanto, el Directo de Impuestos Internos, se refirió a la gestión del organismo ante divulgaciones de información. También asistió la directora regional del Servicio de Evaluación Medioambiental de Coquimbo, Claudia Martínez Guajardo.

Julio Pertuzé

La tercera jornada de la comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera comenzó con el Subsecretario de Economía Julio Pertuzé. Su exposición se centró en explicar la creación y el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) desde julio de 2018.

Anteriormente, abogados ambientalistas criticaron en la comisión el funcionamiento de la Oficina GPS, que tuvo entre sus prioridades al proyecto portuario minero Dominga.

El subsecretario explicó que esta oficina reemplazó al Comité Asesor Presidencial Pro Inversión. Actúa como la secretaría ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables. Ésta es integrada por 10 subsecretarios para el seguimiento y coordinación de la tramitación de iniciativas de inversión privadas o públicas.

Detalló que la oficina crea instancias de coordinación entre los servicios de Estado y los titulares de los proyectos. Además, mantiene un listado actualizado de proyecto de inversión y monitorea el proceso de autorización. Finalmente propone modificaciones normas para incrementar la eficiencia del proceso de otorgamiento de servicio.

No hay priorización

Acusación Constitucional Presidente Piñera

En su exposición, Pertuzé aclaró que los procesos de evaluación o rechazo de los proyectos corresponde exclusivamente a los órganos y servicios competentes por ley. Aseguró que en la oficina “no hay ninguna priorización”. Explicó que sólo se comunican los proyectos más grandes, pero que también trabajan con pymes.

Consultado sobre el proyecto Dominga, aseguró que no hubo ningún trato especial y que el Presidente no incidió en ningún proyecto que monitoreado por la Oficina GPS. Así también, garantizó que los mandantes del proyecto Dominga no se han comunicado en ninguna ocasión con el Ministerio de Economía.

La sesión de las 15:00 hrs. comenzará con la participación de la directora regional del Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA) de Coquimbo, Claudia Martínez Guajardo.

Al inicio de la sesión, se leyeron las excusas de Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés, ex ministros de Economía y Hacienda, respectivamente. El ex delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman, solicitó asistir la próxima semana.

Evaluación ambiental de Dominga

En la jornada de la tarde, el grupo parlamentario recibió a la directora regional del Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA) de Coquimbo, Claudia Martínez.

La personera resumió parte de lo que fue el proceso de calificación que la entidad hizo sobre el proyecto Dominga y reiteró que este se calificó en marzo de 2017, en primera instancia, y posteriormente se volvió a calificar.

Agregó que en la ocasión hubo modificaciones al proyecto que implicaron tres instancias de participación ciudadana, donde se expusieron preocupaciones e inquietudes sobre el proyecto, que tenían que ver con emisiones atmosférica, transporte de material y otros.

Aclaró, además, que durante el análisis del proyecto se revisaron los mismos antecedentes, por lo que la decisión técnica sobre este se mantuvo. “En este caso lo único que se cambió fue la decisión política”, acotó.

Asimismo, Martínez señaló que el proyecto se retrotrajo y no hubo ningún otro antecedente nuevo. “El informe es el mismo consolidado del año 2017, donde participaron 27 servicios de la región de Coquimbo. (…) Por eso lo volvimos a llevar con la misma recomendación de aprobar”.

Claudia Martínez indicó que la recomendación era aprobarlo, porque cumplía con toda la normativa ambiental aplicable. “El Tribunal en ese momento acogió todas las recomendaciones que como SEA le hicimos de aprobarlo”.

Consultada sobre una eventual incidencia del Presidente Piñera, la personera indicó que no hubo, debido a que es una evaluación técnica. “Somos un servicio técnico y no tenemos ninguna posibilidad de sobrepasar lo técnico al momento de poder resolver un informe consolidado de evaluación”.

Informe de Conaf

La directora regional del SEA fue consultada, además, por el informe de Conaf sobre el proyecto Dominga. Respecto a este aclaró que se identificaron los impactos significativos, se propusieron medidas y acordaron condiciones para que el titular pudiese cumplir su proyecto.

“Conaf se pronunció con observaciones, lo que no implica que como SEA seamos simplemente un buzón (…) Nosotros también tenemos profesionales que evalúan y el proyecto quedó con una serie de observaciones a cumplir”, puntualizó.

Claudia Martínez sostuvo que el Servicio tiene diferencias técnicas con Conaf, las que quedaron plasmadas en el proceso de evaluación y establecidas como condiciones para que el proyecto pudiese ejecutarse.

Servicio de Impuestos Internos 

En la sesión también participó el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien se refirió a la gestión del SII ante divulgaciones de información.

El personero expresó que, considerando el marco de trabajo definido a nivel internacional ante divulgaciones, se han implementado estrategias para evaluar el cumplimiento tributario de intermediarios y clientes y se han realizado análisis y monitoreos permanentes.

Adicionalmente, agregó que se ha trabajado para asociar intermediarios locales con intermediarios extranjeros.

Asimismo, indicó que la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tanto sobre intermediarios como de contribuyentes, se utilizó como atributo de riesgo en la ficha sobre planificaciones.

En cuanto a la venta directa de la minera Dominga, Barraza detalló que se aplicó el artículo 20 del impuesto a la renta. “En esta parte se cumple con las obligaciones tributarias correspondientes”.

Sobre la venta indirecta, aclaró que se aplicó el articulo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde también se cumplió con las obligaciones tributarias correspondientes.

Consultado sobre la operación entre los accionistas y el pago de impuestos, el director del SII explicó que este no necesariamente se produce al momento de la remesa. “Se distribuyen las utilidades entre los accionistas y el pago se puede producir de manera inmediata o en el tiempo (…) No porque remezo llega la plata y en ese instante tengo que pagar el impuesto a la renta”.

Argumentó que “cuando pagan es cuando retiran el producto o fruto de la operación”. “Yo no estoy en condiciones de poder afirmar si se pagaron todos los impuestos correspondientes a esa operación”, indicó.

Por último, señaló que con la información que se cuenta hasta ahora, es posible concluir que hay coincidencia. “Por eso afirmamos que se cumple, hasta ahora, con todas las normativas vigentes”.