A la Sala extensión del plazo de implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado
La Comisión de Gobierno Interior respaldó el proyecto, ya aprobado por el Senado, que permitirá aplazar la entrada en rigor de esta normativa, independiente de las fases previas que se irán aplicando hasta diciembre de 2027. El objetivo es lograr una adecuada implementación de su ordenanza que avanza hacia un cambio fundamental para la administración pública.
Por unanimidad, la Comisión de Gobierno Interior aprobó y despachó a la Sala un proyecto (boletín 14969) que se encuentra en segundo trámite constitucional. Su objetivo es modificar diversos cuerpos legales, en materia de transformación digital del Estado .
Concretamente, la norma aplaza la entrada en vigencia en rigor de la Ley 21.180, sobre Transformación Digital del Estado. La nueva fecha acordada, el 31 de diciembre de 2027, no inhibe, sin embargo, su aplicación gradual en el periodo previo, para lo cual se determinan diversas fases de implementación.
Cabe recordar que dicha normativa supone un cambio fundamental para la administración pública. Ello pasa por modificar la relación entre el Estado y la ciudadanía a través de un compromiso de la administración de facilitar la interacción con las personas. Para ello se espera la implementación de modalidades digitales de atención y procedimientos administrativos más eficientes.
En la sesión estuvo presente la subsecretaria General de Presidencia, Macarena Lobos. En lo particular, explicó que se está agregando una fase preparatoria que parte este 2022.
“Luego, estamos alterando el orden de las fases, dejando, al final, la de notificación que es la más sensible. Además, estamos incorporando, primero, la fase número uno, que son las comunicaciones oficiales de los servicios que tengan que hacerse por vía electrónica”, precisó.
Aseguró que, al 2027, todos los servicios públicos, ministerios y subsecretarías estarán cumpliendo a cabalidad las etapas de la norma. Añadió que serán solo los municipios los que quedarán en una fase posterior.
Planteó que es clave realizar acciones complementarias que permitan garantizar la buena implementación de esta ley. “Estamos fortaleciendo la División de Gobierno Digital en su gobernanza de datos, para garantizar una adecuada interoperabilidad. Ante ello, hemos creado la figura del director de Datos. Además, estamos desarrollando una plataforma transversal que es el registro de procedimientos administrativos”, remarcó.
Alcances del proyecto
La norma señala, entre otras materias, la gradualidad para la aplicación de la ley respecto de los diversos órganos de la administración del Estado. Establece un periodo legal de preparación que se extenderá desde el mes de junio del 2022 y durante todo el año 2023. Luego, se contempla que, a inicios del año 2024, comiencen a aplicarse las fases de implementación propiamente tal.
El texto explica que el objetivo de este nuevo periodo de preparación será que los órganos de la administración del Estado generen mejores condiciones habilitantes para una implementación ordenada, gradual, coherente y sujetas a estándares comunes.
De tal modo, se espera apoyar a los organismos públicos con mayores brechas en soluciones tecnológicas, entre ellos varios servicios públicos y municipios.
Finalmente, el proyecto plantea que, si bien la ley se aplicará gradualmente, no podrá extenderse, para ningún órgano de la administración del Estado, más allá del 31 de diciembre del año 2027, tal como se mencionó más arriba.