La Comisión de Salud aprobó, por unanimidad, la idea de legislar del proyecto (boletín 17397) que fortalece la Superintendencia de Salud (SIS). La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca mejorar la fiscalización, la resolución de controversias y la protección de derechos en salud.
Entre sus normas contempla nuevas facultades sancionatorias y un registro público de prestadores sancionados (ver nota relacionada).
La propuesta propone incorporar una estructura colegiada de cinco miembros, más cuatro consejeros que asesoren en el proceso de toma de decisiones al superintendente. La idea es contar con una diversidad de conocimientos y experiencias que den respuesta a las diferentes áreas involucradas en la fiscalización en el ámbito de la salud.
El texto forma parte de los compromisos del Gobierno, en el marco de la tramitación de la llamada Ley corta de Isapres. Así, este mensaje se suma a los proyectos presentados para eliminar las preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo (boletín 17147), junto al que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y otras normas (boletín 17375).
El grupo parlamentario definió que el plazo de presentación de indicaciones será hasta el 30 de mayo.
Invitados
La Alianza USS-PUC-UDP, representada, entre otras personas, por Paula Benavides, de la Escuela de Gobierno de la PUC, se refirió a los ámbitos de mejora del proyecto. En este marco se planteó fortalecer el consejo propuesto con mayores atribuciones e independencia del gobierno de turno.
Aspiran a concretar un rol vinculante en definiciones estratégicas de la SIS. Para ello piden considerar la función de establecer políticas de planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control de funcionamiento de la Superintendencia.
Además, llaman a que la institución dicte normas de carácter general y circulares, incluyendo los fundamentos para su dictación. Adicionalmente, sugirieron que en el nombramiento del Consejo se considere la ratificación de otro poder del Estado, para fortalecer así la independencia del órgano propuesto.
En la exposición de la Alianza USS-PUC-UDP también participaron, Daniela Sugg, de la Universidad Diego Portales; y Carolina Velasco, de la Universidad San Sebastián. Entre sus propuestas se sugirió evaluar nuevos modelos de toma de decisiones para la SIS.
Asimismo, plantearon homologar la organización de la SIS con otras Superintendencias (según funciones). Junto a esto, abordar y profundizar las funciones de la SIS, como fiscalizador del Fonasa.
Puntualizaron, también, evaluar la regulación y fiscalización de la relación entre prestadores y aseguradores. Adicionalmente, instaron a empoderar a los usuarios con información pública.
Exsubsecretaria Daza
Durante la jornada expuso la dra. Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva de CIPS UDD. La facultativa cree que, en este proyecto, se incorporan medidas relevantes que garantizan una atención oportuna, continua y de calidad.
No obstante, su preocupación estuvo radicada en que la iniciativa “no cumple con mecanismos administrativos eficaces que aseguren una gestión oportuna y diligente en los reclamos ciudadanos”.
Estimó que, en la práctica, los plazos de respuesta se pueden extender por plazos excesivos. De hecho, pueden llegar a un año. Esto implica “una afectación directa al derecho de las personas a obtener una resolución pronta y eficaz respecto de la vulneración en ejercicio de su derecho de salud”.
De acuerdo a lo anterior, cree que se deben incorporar de manera expresa plazos perentorios para la tramitación de los reclamos. Igualmente, establecer responsabilidades administrativas claras y sanciones efectivas en caso de incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de resolverlo.
“Si el proyecto establece un régimen sancionatorio estricto para los prestadores y aseguradores, con mayor razón debe exigirse responsabilidad institucional al órgano fiscalizador”, sentenció.
