Por unanimidad, la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general, el proyecto (boletines refundidos 15.412 y 14.443) que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medioambiente y regula de manera especial la construcción de complejos de aerogeneración y plantas fotovoltaicas.
En sus fundamentos, la iniciativa señala que, si bien en nuestra legislación existen instancias de participación ciudadana en la evaluación de los diferentes proyectos con impacto en el medio ambiente, hoy se hace necesario establecer medidas más concretas y eficientes de participación.
La idea es fijar compensaciones a las comunidades que ven afectada su calidad de vida con estas iniciativas, permitiendo la relación armónica entre las comunidades y los proyectos de complejos de generación eólica.
Lo anterior, con el fin de reducir lo más posible las externalidades negativas derivadas de la instalación de torres de aerogeneración. Así, se busca propiciar medidas que endurezcan los elementos de evaluación ambiental y sirvan de sustento para una mejor implementación de estas energías.
Culminada la votación, los integrantes de la instancia acordaron como plazo el viernes 20 de junio, a las 17 horas, para la presentación de indicaciones.
Incineración de basura
Tras analizar el proyecto sobre aerogeneración, la instancia parlamentaria, además, inició la discusión del proyecto que aumenta las sanciones aplicables a la incineración de basura (boletín 17522). La normativa promueve, igualmente, la educación ambiental en manejo de residuos.
Para este fin, la comisión recibió al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. El personero detalló la situación de las quemas ilegales alrededor del vertedero “La Chimba”, que generan una situación grave desde el punto de vista ambiental.
Cabe agregar que este proyecto modifica la normativa vigente para establecer la presunción legal de daño ambiental. Así, tipifica cualquier conducta que busque incinerar materiales para recuperación de materiales como metales industriales y cables de cobre. Si la incineración es para vender, la iniciativa eleva las penas en un grado. La idea es sancionar tanto la quema, como los productos resultantes de la misma, castigando la incineración destinada al lucro, que causa un daño constante y permanente a la comunidad.
