En el marco de las investigaciones ligadas al caso Procultura, la Cámara realizó una sesión especial para analizar los casos de financiamiento irregular de la política y la capacidad del Estado para enfrentar esto.
La sesión fue solicitada por las bancadas de Renovación Nacional y la UDI. En el tiempo previo asignado a dichas bancadas, los diputados Andrés Longton y Juan Antonio Coloma aseguraron que se instaló un mecanismo para defraudar al Estado. Asimismo, criticaron que se hablara de espionaje político sin ninguna prueba.
El diputado Longton afirmó que Procultura “puso fin al relato de jóvenes idealistas que venían a barrer con la corrupción” y que se creó “una verdadera asociación ilícita” con recursos de todos los chilenos que iban a las personas más desposeídas.
El diputado Coloma, en tanto, también enfatizó que se creó una fachada -las fundaciones- para desviar recursos públicos a fines políticos, como algunas campañas, o a fines personales.
Agregó que esto “no es un error administrativo” sino que se orquestó un mecanismo para defraudar al Estado. Por ello, llamó al gobierno a explicar qué están haciendo para colaborar con la investigación y junto al Servicio Electoral, qué están haciendo para recuperar los recursos desviados.
Debate
En el debate intervinieron Roberto Arroyo, Sara Concha, Camila Flores, Yovana Ahumada, Jorge Durán; Henry Leal, Francisco Undurraga, José Carlos Meza, Daniel Manoucheri, Erika Olivera; Luis Malla, Gustavo Benavente, Marcos Ilabaca, Cristian Araya, Enrique Lee; Alejandra Placencia, Camila Rojas, Flor Weisse, Luis Sánchez, Viviana Delgado y Miguel Mellado.
Sobre la materia en debate, se repitieron las críticas al Frente Amplio por la vinculación de algunos de sus militantes en los hechos investigados y se insistió en la pérdida de fondos públicos que nadie sabe dónde están.
También se citó la remoción del fiscal a cargo de la investigación de Procultura Cooper. Esto generó críticas de un sector acusando presiones políticas contra la fiscalía. Mientras, desde la vereda contraria se enfatizó los errores cometidos en la investigación y que esta debe ser llevada adelante con apego a las garantías del estado de derecho.
Por último, se llamó a actuar en coherencia y condenar todos los hechos similares y que los partidos sancionen a sus militantes involucrados, sin doble estándar.
Gobierno y Servel
Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servel expuso las funciones que cumple el organismo. En particular, afirmó que los delitos de la ley 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, son precisos y acotados.
Sin entrar en ningún caso específico, entregó cifras del trabajo de rendición de cuentas, como por ejemplo, de la última elección municipal.
En ese marco, sostuvo que desde el 2016 a la fecha, y de acuerdo a sus atribuciones de fiscalización, el servicio ha llevado adelante 4.487 procedimientos administrativos sancionatorios, con sanciones que totalizan 82.277 UTM.
También expuso Raúl García, director del Servel, quien afirmó que la institución se desenvuelve en materia de fiscalización de la propaganda y el control del gasto electoral dentro del marco legal establecido. Así, otro tipo de acciones o roles no les corresponden y contravendría expresamente a la Constitución y las leyes.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde recalcó que el propio Presidente Gabriel Boric ha señalado que “no hay nada que esconder”. Aseguró, asimismo, que para el gobierno es fundamental que se esclarezca complemente el caso Procultura. Así, añadió, esperan que las instituciones hagan su trabajo, bien y de forma acuciosa, respetando el estado de derecho.
Resoluciones
La Sala aprobó un total de seis resoluciones presentadas por las y los legisladores.
Las solicitudes 1522 y 1526 piden al Presidente de la República colaborar activamente con el esclarecimiento de los hechos e, incluso, hacer entrega voluntaria de sus teléfonos celulares.
Además, por medio de la resolución 1523 se realiza un “reproche político, ético y moral” al partido Frente Amplio, por haber intentado imponer una teoría conspirativa de supuesto espionaje político detrás de las diligencias realizadas por la Fiscalía.
Otras resoluciones como la 1524 piden al gobierno reforzar y acelerar las auditorías, investigaciones y controles sobre todos los convenios suscritos con la Fundación ProCultura y otras organizaciones similares y que, en coordinación con la Contraloría General y el Ministerio Público, adopte medidas urgentes para la recuperación de los fondos públicos no rendidos.
También se solicitó (resolución 1525) dar urgencia a proyectos en materia de transparencia y corrupción.
Finalmente, la Sala respaldó la resolución 1527 a través de la cual la Cámara reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y el respeto de las garantías procesales, fortalecer las instituciones y promover la transparencia para combatir el financiamiento ilegal de la política.
