La Comisión de Vivienda despachó a la Sala el proyecto que busca agilizar la tramitación de permisos de edificación y construcción en el país (boletín 1728). La norma modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objetivo de simplificar trámites y reducir tiempos de espera.
La moción es de autoría del diputado Juan Fuenzalida con el respaldo de otros parlamentarios de la comisión. En su contenido establece que las Direcciones de Obras Municipales deberán realizar un examen de admisibilidad formal de las solicitudes de construcción en un plazo máximo de tres días hábiles.
Este examen tiene como fin verificar que los antecedentes acompañados son completos y corresponden al tipo de solicitud de permiso de edificación o urbanización correspondiente. De no cumplir con los requisitos, se podrá rechazar el ingreso mediante una resolución fundada.
Sin embargo, si la resolución no se emite, la solicitud se acogerá a trámite automáticamente. De esta manera se busca reducir la burocracia, asegurar mayor claridad normativa y fortalecer la eficiencia de los procesos municipales.
Reclamos con plazos definidos
Además, la norma regula los mecanismos de reclamación ante el rechazo de permisos de edificación o urbanización por parte de las Direcciones de Obras Municipales. El texto establece que estos deberán presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en un plazo de 30 días desde la notificación del rechazo.
Por su parte, la secretaría deberá resolver el reclamo fundadamente en un máximo de 40 días hábiles. En caso de acogerse el reclamo, podrá ordenarse la concesión del permiso respectivo previo al pago de los derechos municipales, con un descuento del 50%.
La resolución que resuelva la reclamación se debe remitir al particular interesado y al propietario del inmueble. Así también, a la Dirección de Obras Municipales, al alcalde y al concejo municipal, respectivo.
Permisos de edificación
La iniciativa también establece que al pedir un permiso de edificación o urbanización, se deberá adjuntar el comprobante del informe de mitigación o un certificado que acredite que no se requiere. En caso de ser necesario, tiene que estar aprobado antes de otorgar el permiso. Dicha resolución tendrá una vigencia de tres años desde su notificación.
Ahora bien, si el proyecto cambia, se deberá revisar la resolución para verificar que las medidas establecidas siguen siendo suficientes. Una vez entregado el permiso de construcción, la resolución del informe podrá extender su vigencia hasta un máximo de diez años para pedir la recepción de las obras.
El proyecto busca facilitar el desarrollo del sector inmobiliario sin comprometer la calidad ni el cumplimiento de los principios establecidos en la legislación. Asimismo, permitirá reducir los tiempos de espera para acceder a soluciones habitacionales, mejorar la coordinación entre organismos públicos y evitar duplicación de trámites.
Frente a esto, el gobierno calificó la tramitación de la iniciativa con discusión inmediata y está contemplada en el primer lugar de la tabla de la sesión del día lunes 2 de junio.
