La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó y despachó a Sala el proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas para obligar a las concesionarias viales a adoptar medidas de seguridad (boletín 15.073).
El texto, originado en el Senado y aprobado por este el 7 de agosto de 2024, dispone que el concesionario de obras viales deberá adoptar medidas de protección y seguridad al interior de las obras. Así se establecerán en las bases de licitación obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia como, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas, de sistema lumínico y lectores de patentes, entre otras.
La norma también obliga al concesionario a permitir el acceso a información -como imágenes- al Ministerio Público y las policías, si estas se requieren en el contexto de la investigación de un delito.
En la última jornada se respaldó la norma transitoria que autoriza al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Seguridad Pública, para adoptar las acciones tendientes a modificar los contratos concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años.
Dudas por posibles costos
En la discusión del artículo transitorio se plantearon las dudas sobre la constitucionalidad de modificar contratos vigentes. Asimismo si estos cambios de contratos puedan generar traspaso a los usuarios de los mayores costos de estas obras. Así también, se planteó como excesivo el plazo de cinco años.
Sobre el punto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, indicó que la relevancia del artículo transitorio es que precisamente faculta al Estado a renegociar los contratos vigentes, pero que esto debe ser con acuerdo de ambas partes y, por tanto, no es una imposición.
Además, señaló que tal acuerdo se materializa a partir de diversas fórmulas como aumento de tarifa, aumento del plazo de la concesión, etc. Sin esta norma transitoria, puntualizó, la ley solo regiría para futuros contratos.
A su vez, la jefa jurídica de concesiones del MOP, Patricia Vásquez, informó que existen 43 contratos vigentes. En esa línea, consideró adecuado el plazo porque se necesita tiempo para realizar cada una de estas modificaciones.
La norma finalmente se respaldó por siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. El diputado Andrés Longton informará el proyecto en Sala.
Cancelación de registro
La Comisión también aprobó y despachó a Sala el proyecto que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total (boletín 17.387).
La norma dispone que en caso de la destrucción completa de un vehículo motorizado, sea por el resultado de un hecho fortuito, la desarmaduría total o un accidente que lo haga irreparable e inutilizable para los fines que está construido, el propietario o, en su caso, la compañía aseguradora, informarán de este hecho al Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo de 20 días hábiles.
Una vez recibida esta información se cancelará la inscripción del vehículo, se retirarán las patentes y se registrarán como canceladas. Será obligación del propietario o, en su caso, de la compañía aseguradora devolver las placas patentes en un plazo máximo de 10 días tras la cancelación del registro.
En cuanto a la importación de vehículos motorizados, tanto por personas naturales o jurídicas, estas deberán informar al Servicio de Registro Civil los datos del mismo, en un plazo no superior a 15 días desde el ingreso al país.
Dicho servicio incorporará esta información en el Registro de Vehículos Motorizados como anotación previa, asociada al importador, hasta que se efectúe la primera inscripción a nombre del adquirente final.
La comisión aprobó el proyecto por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención; y será informado a la Sala por su autora, diputada Gloria Naveillan.
