La Comisión de Mujeres despachó a Sala el proyecto que modifica la Ley de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (boletín 17461).
El proyecto busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia. Actualmente, cifras oficiales señalan que más de 329 mil niños, niñas y adolescentes se ven afectados al no recibir las pensiones correspondientes. Pr ello, esta nueva medida representa una respuesta urgente frente al incumplimiento de estas responsabilidades.
La norma en trámite señala expresamente que los funcionarios municipales encargados del trámite de otorgamiento o renovación de licencias de conducir deberán consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, antes de entregar este documento.
Si quien solicita la renovación de su licencia figura en el registro, esta solicitud será rechazada.
Cancelación licencias de conducir
Adicionalmente, el Departamento de Tránsito Municipal deberá realizar una revisión mensual del citado registro. El objetivo es impedir que personas inscritas en el Registro de Deudores, con domicilio en la comuna correspondiente, cuenten con una licencia de conducir vigente.
De este modo, en caso de detectarse dicha situación, el director del Departamento de Tránsito deberá notificar al titular la cancelación administrativa de su licencia. Esta notificación podrá hacerse por medios electrónicos o carta certificada, con efecto a partir del tercer día hábil desde la recepción.
La norma originada en una moción parlamentaria busca que estas medidas sean un incentivo para respetar la ley que regula el pago de pensiones así como la que creó el Registro de Deudores, que es conseguir el pago de la deuda.
Grooming
En un segundo punto, la Comisión de Mujeres también inició el debate del proyecto que modifica el Código Penal para ampliar la figura del delito de Grooming, extendiéndolo a comunicaciones de carácter sexual con menores de 14 años realizadas a través de medios tecnológicos (boletín 17534).
La diputada Ana María Bravo, promotora del proyecto, advirtió sobre los graves riesgos para la infancia asociados a la hipersexualización y vulnerabilidad en entornos digitales. La legisladora afirmó que un 71% de los casos de acoso digital afectan a niñas y adolescentes mujeres.
En ese sentido, enfatizó que el grooming es una amenaza real y creciente, y que la legislación actual es insuficiente. Por esta razón, el proyecto busca cerrar vacíos legales y fortalecer la protección de la niñez (Ver presentación).
