Avanza en la Cámara un proyecto que sanciona con multa a quienes no voten. Esta semana, la comisión de Gobierno Interior despachó la iniciativa (boletín 13105), que ahora se verá en la Sala.
El texto modifica la ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con su obligación de votar. En tal caso fija una multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales (es decir, de 34 mil a 206 mil pesos aproximados).
Sin embargo, el proyecto igualmente establece algunas excepciones:
- Por enfermedad, reposo por embarazo, parto y/o puerperio.
- Ausencia del país o encontrarse el día de la elección o plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros del lugar en que está inscrito.
- Algún otro impedimento grave que será comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba.
Tampoco se aplicará multa a quienes desempeñen funciones el día de la elección o plebiscito, de acuerdo a lo que mandata la ley. Para ello, la institución a la cual pertenecen enviará una comunicación oficial al Servicio Electoral (Servel).
Además, el proyecto regula los plazos para entregar las excusas, el tipo de documento que justificará la ausencia y la creación de una plataforma digital.
Reforma al sistema político y electoral
En una materia relacionada, la comisión de Constitución inició esta semana el estudio del proyecto de reforma al sistema político y electoral.
Se trata de una propuesta aprobada por el Senado el pasado 10 de junio, que establece nuevas condiciones para la participación y representación en el Congreso Nacional (boletines refundidos 17253, 16820 y 17298).
Entre sus medidas más relevantes, el texto propuesto por el Senado, plantea que diputadas y diputados perderán su escaño si renuncian al partido político por el que fueron electos. Además, fija un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos accedan a la distribución de escaños en la Cámara. En caso de no alcanzar el mínimo, los escaños se redistribuirán entre los partidos del mismo pacto electoral, en forma proporcional a los votos obtenidos por cada uno.
La iniciativa mantiene la actual inhabilidad para postular al Parlamento que afecta a dirigentes vecinales y gremiales. A su vez, considera una norma transitoria para aplicar en la elección de 2025. En este caso se establece un umbral de 4% para acceder a los cargos y propone un procedimiento más expedito para la fusión de partidos que no logren dicho porcentaje.
Otras informaciones
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