La comisión investigadora sobre el robo de cables de cobre (CEI 72) recibió a representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G. (Chile Telcos), quienes expusieron sobre el impacto de estos delitos en la continuidad de los servicios esenciales, así como las medidas adoptadas para enfrentarlos.
La superintendenta de la SEC, Marta Cabezas, aclaró que su institución no tiene atribuciones para investigar el robo de cables, ya que se trata de un delito penal que debe ser abordado por los tribunales de justicia. (Ver presentación)
Al respecto, precisó que la labor de la SEC se enfoca en fiscalizar a las empresas eléctricas según su desempeño en la calidad y continuidad del suministro. En este marco, el robo de cables puede ser considerado un evento de fuerza mayor —si se comprueba su ocurrencia—, eximiendo a las compañías de sanciones.
Cabezas indicó que solo se sancionan las interrupciones del suministro cuando superan los índices permitidos y son responsabilidad directa de las distribuidoras. Comentó que, en 2024, el promedio de interrupciones alcanzó las 27,6 horas, principalmente, por demoras tras un evento ocurrido en agosto en la zona centro-sur del país. También recordó que, según la Ley General de Servicios Eléctricos, cada concesionaria es responsable de garantizar la calidad del servicio prestado.
Telcos y evolución del robo de cables
Por parte de Chile Telcos, su presidente ejecutivo, Alfie Ulloa, destacó que los robos de infraestructura crítica han ido en aumento desde 2019, con una evolución hacia formas más sofisticadas de delito.
En tal sentido, recordó que, ya en 2009 y 2010, existían bandas organizadas como la liderada por Ítalo Nolli, quien protagonizó hechos violentos relacionados con la sustracción de cobre. Actualmente, el cobre robado no tiene demanda local ya que, tras aquel hecho, ninguna empresa recicladora local compra chatarra de cobre a menos que tenga una trazabilidad muy definida.
Informó que, entre 2020 y 2023, se registraron cerca de 60 mil eventos de robo, con más de 5 mil querellas y denuncias. Ulloa enfatizó que estos delitos afectan directamente las comunicaciones y, con ello, a todos los servicios digitales públicos y privados: semáforos, medios de pago, sistemas de salud y organismos estatales. (Ver presentación)
Alertó que, además de cobre, hoy las bandas sustraen fibra óptica, baterías, paneles solares y generadores. Operan a nivel nacional y, frecuentemente, atacan a cuadrillas en terreno.
Aclaró que, para hacer frente a esta amenaza, se han implementado acciones como la capacitación de personal, la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, policía y aduanas. Junto a esto, se promueve una gestión más eficiente de datos para inteligencia y denuncias. A nivel privado, se han migrado redes de cobre a fibra óptica, se trabaja con las comunidades y se han creado canales de denuncia como SOSAFE, además de aplicar rondas preventivas y modificar horarios de trabajo en zonas de riesgo.
Observaciones legislativas sobre el robo de cables
Alfie Ulloa también se refirió a las iniciativas legislativas en curso. Explicó que buscan tipificar y agravar los delitos de robo y hurto de cables, habilitar técnicas especiales de investigación y establecer plazos máximos para reponer los servicios afectados.
Durante la sesión, Carolina Tello señaló que, en la región de Coquimbo, especialmente en La Higuera, los robos han causado constantes apagones. Calificó como gravísima la capacidad de organización de las bandas criminales.
Daniel Manouchehri advirtió sobre el alto nivel de articulación de estos grupos. En particular, apuntó a que la información disponible señala que operan con poder de fuego y redes estructuradas para movilizar grandes volúmenes de cobre.
Por su parte, Jorge Saffirio comparó el fenómeno con el robo de madera. Alertó sobre la magnitud del delito que, incluso, ha obligado a cambiar materiales ante los robos.
Finalmente, la secretaría de la comisión informó que se ofició al Servel para consultar si Francisco San Martín —excandidato a alcalde del Partido Republicano y detenido en la operación “Oro Rojo”— ha financiado campañas políticas.
Para las próximas sesiones, se espera la participación del Ministerio de Seguridad Pública y de la empresa Enel.
