La Sala de la Cámara respaldó la idea de legislar del proyecto que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. La propuesta, en primer trámite, vuelve a la Comisión de Constitución por haber sido objeto de indicaciones.
El texto, originado en moción (boletín 15589), pretende fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.
La propuesta legal establece que, para adolescentes entre 14 y 16 años, se igualará la pena de 10 años que hoy tienen los menores entre 16 y 18 años, en los casos de los delitos más graves. Entre ellos están, por ejemplo, robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado.
Asimismo, que “todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente”.
Por otra parte, señala que, en los casos de adolescentes que quebranten el internamiento en régimen cerrado “dará lugar a una intensificación del plan de intervención”. Asimismo, “en caso de fuga o evasión, la persona condenada, además, no podrá solicitar la sustitución o remisión de su condena por un periodo de entre seis meses a un año”.
Por último, el texto instaura la obligación de los tribunales de escuchar a las víctimas, cuando resuelvan la sustitución o remisión de una condena.
Debate
Durante la discusión en la Sala, un grupo de diputadas/os llamó a rechazar las modificaciones, puesto que el enfoque que tendría la iniciativa no sería la apropiada. En ese contexto, indicaron que la experiencia comparada señala que los castigos más severos empeoran el problema social.
Reiteraron que el proyecto “es una falsa solución” y no contiene el enfoque que se requiere para abordar estos casos, ya que “lo que se necesitaría es una reinserción efectiva”.
Desde otro sector, apoyaron la iniciativa y evidenciaron que, si bien es un avance, no es suficiente para combatir las problemáticas en materia de delincuencia. Agregaron que es necesario el endurecimiento de las penas, la tolerancia cero y terminar con la impunidad.
Intervinieron en el debate Andrés Longton, Marta Bravo, Luis Sánchez, Alejandra Placencia, Hotuiti Teao, Camila Rojas, Cristóbal Urruticoechea, Renzo Trisotti, Maite Orsini, Diego Schalper, María Candelaria Acevedo, Henry Leal, Arturo Barrios, Marcos Ilabaca, Bernardo Berger, Nathalie Castillo, Daniel Lilayu, Carmen Hertz, Cristián Araya, Emilia Schneider, Ximena Ossandón, Agustín Romero, María Francisca Bello, Sergio Bobadilla, Lorena Fries, Flor Weisse, Marcia Raphael, Boris Barrera, Carolina Tello, Fernando Bórquez, Tomás Hirsch, Jorge Durán, Marisela Santibáñez, Jorge Saffirio, Ana María Gazmuri, Ana María Bravo, Álvaro Carter, Johannes Kaiser, Marta González, Roberto Arroyo, Jorge Guzmán, Roberto Celedón, Emilia Nuyado, Miguel Mellado, Enrique Lee, Nelson Venegas, Gastón Von Mühlenbrock, Coca Ericka Ñanco, José Carlos Meza, Hugo Rey, Danisa Astudillo, Andrés Celis, Consuelo Veloso, Juan Antonio Coloma, Mauro González y Raúl Leiva.
Reincidencia delictiva
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregó algunos antecedentes y aclaró afirmaciones realizadas por las/os parlamentarias/os durante las intervenciones.
Sobre los sistemas comparados de responsabilidad penal adolescente, aseguró que estos no han tenido mejores resultados. Esto, en lo que respecta al aumento de la pena en los rangos entre 14 y 16 años. “Ni a la baja, en cuanto a los delitos que se vayan a cometer, y menos respecto a la posibilidad de reinsertar a esos jóvenes que han infringido la ley penal”, precisó.
El ministro también resaltó que el gobierno de Chile está plenamente comprometido con la seguridad pública de todas/os las/os ciudadanas/os. “Para tener en consideración, el ingreso de jóvenes infractores de ley penal representa el 2% del total de los ingresos del Ministerio Público”, puntualizó.
Del mismo modo, manifestó que, desde que nuestro país se puso de acuerdo para tener un sistema de responsabilidad penal adolescente, ha habido una sostenida baja en los ingresos. “Hemos logrado disminuir, de un 52% de reincidencia, del año 2009, a un 25%, gracias a una política de Estado… Estamos, efectivamente, disminuyendo la reincidencia delictiva de los jóvenes que infringen la ley penal”, remató.
