Impedir que personas que estén incluidas en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos puedan adjudicarse becas y programas financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) es el fin de la norma aprobada en su último trámite legislativo.
El texto, que corresponde a una iniciativa del Ejecutivo, modifica la Ley 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, con el fin de hacer más efectiva la persecución de las deudas de alimentos.
Para este fin, la Sala respaldó el informe de la Comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado, tras el rechazo que la Cámara dio a la idea de legislar en abril pasado (ver nota anterior).
Al respecto, la instancia integrada por diputados y senadores recomendó reponer en su totalidad el texto aprobado por el Senado. Así, con la aprobación del presente informe, la iniciativa queda en condiciones de ser promulgada como ley de la República.
Requisitos para fondos de investigación
La norma, que obtuvo 104 votos a favor y nueve en contra, además, faculta a los órganos de la administración del Estado, que adjudican beneficios económicos, a incorporar en sus bases el requisito del adjudicatario de no estar en el citado registro.
El nuevo texto señala que en ningún caso se podrán declarar admisibles las postulaciones o adjudicar los programas y diferentes instrumentos ejecutados por la ANID, a quienes, al momento de la postulación y la adjudicación, respectivamente, tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Para lo anterior, la ANID efectuará un proceso de consulta masiva electrónica al Servicio de Registro Civil e Identificación. Además, certificará en línea si el postulante y el presunto adjudicatario tiene una inscripción vigente en el referido registro en calidad de deudor de alimento.
Debate
En las intervenciones en Sala, en su mayoría las y los diputados respaldaron la iniciativa. “Es un tema simple pero importante”, destacaron, ya que no se podrá acceder al financiamiento estatal para investigación si primero no se cumple con las deudas que se mantienen con hijas e hijos.
A su vez, se recordó que el 96% de los deudores de alimentos son hombres, lo que equivale a unas 238 mil personas. Mientras que, 329 mil niños, niñas y adolescentes no reciben sus alimentos de parte de los padres.
También se destacó la insistencia de organizaciones de investigadoras e historiadoras que han bregado porque este proyecto avance. Esto ya que existen muchos hombres doctorados que fueron financiados por el Estado y siguen con sus carreras y publicaciones, pero no cumplen con su obligación legal y moral de pagar la pensión de alimentos de los menores.
En tal sentido, reconocieron que esta iniciativa avanza en corresponsabilidad en el cuidado y crianza de niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, expresó que en lo concreto los inscritos en el Registro de Deudores de Alimentos no podrán postular ni adjudicarse programas de la ANID. Ello, hasta que cumplan con la condición mínima de coherencia y regulen sus deudas alimenticias. “Primero se cumple y después se postula”, enfatizó.
Expusieron Gael Yeomans, Helia Molina, Vlado Mirosevic, Carolina Tello, Camila Musante y Luis Malla.
