
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó la problemática que hoy afecta al “Comité de Vivienda Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida”, de la comuna de Peñalolén.
En la oportunidad, sus voceros expusieron la necesidad que existe de que continúe en desarrollo el denominado Plan de Emergencia Habitacional, aprobado en 2022 y pronto a su finalización.
Al respecto, Santiago Castillo, dirigente de los pobladores, expresó que la crisis de vivienda que los afecta se agudizó tras el estallido social y que, posteriormente, la pandemia de Covid-19 profundizó esta situación.
Explicó el establecimiento de la mesa de gobernanza, creada para articular acciones con el municipio, privados y organismos del Estado, para avanzar en un proyecto. Dicha iniciativa que comenzó bien en 2022, sin embargo, se estancó al año siguiente.
Agregó que hoy se trabaja con el municipio en el denominado “Plan Habitar”. No obstante, este presenta también problemas presupuestarios.
Por lo anterior, los pobladores solicitaron que se gestione una inyección presupuestaria al Ministerio de Vivienda. Asimismo, pidieron que se extienda el Plan de Emergencia Habitacional por parte del Gobierno.
Acceso a bienes de dominio público

En un segundo punto, la comisión continuó con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza el artículo 13 del decreto ley N°1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado (boletín 17.581).
La iniciativa actualiza y perfecciona la normativa actual, con objeto de que toda la nación pueda disfrutar de los bienes de dominio público. En tal sentido, hace alusión expresa a playas de mar, ríos o lagos.
En ese marco, reconoce la dificultad en la determinación de los accesos a dichos bienes nacionales de uso público, dado que no existe una política pública permanente de fijación de líneas oficiales de playa, antecedente relevante para el procedimiento en cuestión.
La instancia recibió al contraalmirante Nelson Saavedra, director de intereses marítimos y medioambiente acuático de la Armada.
El personero señaló que el texto complementa y perfecciona el actual procedimiento para mantención, acceso y conservación de bienes de uso público. Agregó que el texto potencia la fiscalización, por lo cual la Armada no formula reparos u observaciones a la iniciativa.