El nuevo sistema de financiamiento para estudios de la educación superior (FES) y otros seis proyectos despachó esta semana la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Asimismo, se respaldó una nueva solicitud presidencial.
El FES se discutió y votó en la sesión del miércoles 20. La propuesta (boletín 17169), impulsada por el Ejecutivo, busca garantizar el derecho social a la educación superior, a través de un nuevo instrumento de financiamiento, más eficiente, responsable y justo.
Para sus fines, la iniciativa, enviada a segundo trámite, unifica los actuales sistemas de financiamiento. Así, en este marco se incluyen: recompra de cartera, recarga, ejecución de garantías, aplicación de la Ley 20.634, becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), institucionalidad actual y recuperación de créditos de educación superior.
Los futuros beneficiarios deberán estar matriculados en una institución adscrita al nuevo instrumento. Además, deberán solicitar el beneficio con el compromiso de retribuir una vez insertos en el mercado laboral. También accederán quienes se encuentren actualmente financiando su educación superior a través del CAE o del Fondo Solidario.
El FES no generará una deuda formal para los estudiantes que lo utilicen y no considerará a los bancos. No habrá un préstamo ni tasas de interés, como es el caso de los créditos actuales. Tampoco requerirá de aval o de garantía para su asignación.
Conjuntamente, la propuesta considera un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, incluyendo al CAE.
Proyectos derivados a ley por la Sala
La Sala de la Cámara también concluyó con el trámite de dos proyectos que quedaron en posición de pasar a fase de promulgación como leyes. Ambos se votaron en la sesión del jueves 21.
Uno de los textos (boletín 17276) establece una excepción transitoria a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Concretamente, autoriza el uso de remanentes de cuotas anuales de captura no consumidos durante 2024.
Se define que la extracción solo podrá realizarse dentro de los 45 días posteriores al inicio de la temporada de captura de 2025. Este plazo será improrrogable y de aplicación general. Sin embargo, si la temporada comenzó antes de la publicación de la ley, el plazo será de 90 días desde su entrada en vigencia.
El uso de los remanentes deberá ajustarse a las medidas de conservación y manejo definidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Los recursos considerados son:
- Anchoveta (Engraulis ringens): entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, y entre Atacama y Coquimbo.
- Sardina común y anchoveta: entre Valparaíso y Los Lagos.
- Sardina austral (Sprattus fuegensis): en Los Lagos y Aysén.
- Merluza austral (Merluccius australis): entre Los Lagos y Aysén.
El segundo proyecto (boletín 15847) enviado por la Sala al Ejecutivo le entrega la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la escritora de origen nicaragüense, Gioconda Belli Pereira (ver en nota de acuerdo internacional).
La poeta y novelista Gioconda Belli nació en 1948 en Managua, Nicaragua. Desde 1990, alternó su residencia entre los Estados Unidos y Nicaragua. A partir de 2013, se estableció de manera permanente en su país natal.
En febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega privó a Belli de su nacionalidad, junto a 300 opositores a dicho régimen.
Despachos a segundo trámite
Además del FES, la Sala despachó a segundo trámite otros seis proyectos de ley. El martes 19, se aprobaron tres de ellos:
- El que busca fortalecer la fiscalización del transporte ilegal de turistas y pasajeros (boletín 17553). Propone sancionar la operación de vehículos no habilitados para prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros y turismo. Actualmente, las medidas restrictivas sólo se refieren a vehículos de locomoción colectiva.
- La reforma constitucional que reconoce el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación (boletín 17113).
- El que promueve un control eficiente del consumo de drogas en la administración pública (boletines 16489 y 16539). En particular, impide que sean candidatos a cargos de elección popular o que se mantengan en su cargo altas autoridades del país si tuviesen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. La excepción estaría dada en tanto se justifique su consumo por un tratamiento médico.
El jueves, adicionalmente, se respaldó un acuerdo internacional que también se despachó a segundo trámite. Refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales resultantes de la Mediación (boletín 17694). Se adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el 20 de diciembre de 2018.
Por último, la Sala apoyó una nueva solicitud del Presidente de la República para prorrogar por 30 días la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. La presente extensión, ya aprobada por el Senado, se aplicará una vez vencido el decreto vigente, el próximo 28 de agosto (ver en nota de acuerdo internacional).
