Por unanimidad, la Comisión Investigadora sobre seguridad marítima y pesquera (CEI 69, 71), instancia que analizó el denominado Caso Bruma, aprobó su informe final de conclusiones.
El texto da cuenta de graves falencias estructurales en el Sistema Nacional de Seguridad Marítima y de Búsqueda y Rescate (SAR). Dichas deficiencias afectaron las labores para dar con el paradero de los pescadores artesanales desaparecidos, tras ser impactados por la embarcación industrial Cobra, el pasado 30 de marzo de 2025.
El informe aprobado confirma demoras injustificadas en la activación de protocolos de rescate, carencias tecnológicas críticas y ausencia de coordinación interinstitucional. Además, evidencia una desprotección social de los pescadores artesanales y sus familias, que carecen de seguros obligatorios, encontrándose en un vacío normativo respecto de su estatus laboral.
Frente a lo anterior, el documento propone una serie de medidas legales, reglamentarias y administrativas, con el objeto de mejorar los tiempos de respuesta y la normativa laboral, respecto de la protección de los trabajadores del sector.
Propuestas tras Caso Bruma
La comisión investigadora precisa en sus conclusiones que se debe efectuar una serie de modificaciones, tanto legales como administrativas y reglamentarias, en las siguientes normas:
- – Actualizar la ley N°21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos, para incorporar elementos específicos en situaciones relacionadas al ámbito marítimo.
- – Fortalecer el deber de auxilio y custodia de evidencia en materia de navegación, para garantizar que, tras un siniestro marítimo, se actúe con el máximo rigor legal y técnico.
- – Tipificar penalmente la manipulación fraudulenta o destrucción de registros audiovisuales en naves, ya que hoy no existe una sanción penal específica para quienes alteren o eliminen, de manera fraudulenta, registros de bitácora, cámara o videograbación.
- – Incorpora el deber de denuncia en la Ley de Navegación, en concordancia con el Código Procesal Penal.
- – Modernizar el Reglamento Nacional de Arqueo de Naves en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de control y vigilancia.
- – Actualizar la ley 18.948, Orgánica Constitucional de la Armada de Chile y la normativa SAR, en orden a impulsar la creación de un centro de respuesta marítima.
- – Reformar el Código Civil respecto de la declaratoria de muerte presunta, para los trabajadores de la pesca artesanal.
- – Aumentar la fiscalización del consumo de alcohol y drogas en el ámbito marítimo.
Informará el texto en Sala el diputado y presidente de la instancia investigadora, Hugo Rey.
