
En el marco de la Comisión investigadora sobre otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público, autoridades de seguridad y justicia expusieron la situación que afecta a Carabineros y Gendarmería.
La sesión contó con la participación del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez. También asistieron a la instancia el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, entre otros representantes.
Carabineros: dos procesos administrativos
En la oportunidad, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que se mantienen dos procesos administrativos. El primero, iniciado en mayo de este año, afecta a 84 funcionarios del Hospital de Carabineros, entre ellos hay médicos, enfermeros y administrativos.
En este caso, Araya señaló que hay tres líneas de investigación: funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica, visitas a casinos y licencias otorgadas por médicos extranjeros. De estos, afirmó que 23 casos ya están confirmados.
El segundo proceso, advirtió, involucra a 1.113 funcionarios de planta, sujetos a Dipreca, (77 de nombramiento supremo, 893 de nombramiento institucional y 133 contratados). En cuanto a oficiales, manifestó que se evaluará su responsabilidad, pudiendo aplicarse separación del servicio al concluir el proceso.
Señaló que el personal de planta podría recibir la baja con efecto inmediato y, para quienes fueron contratados por resolución, “la destitución es la medida más grave contemplada”.
“Es una situación compleja y bastante grave, que asumimos con mucha vergüenza…quienes hacen mal uso de licencias prácticamente se están riendo del resto del personal que sí cumple con sus funciones”, sostuvo el general director.
Gendarmería: más de 1.200 casos en investigación
Por su parte, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, señaló que, de 1.409 funcionarios involucrados, 1.204 están bajo sumario administrativo. Entre ellos, se cuentan cinco coroneles y una teniente coronel, de los cuales cuatro ya fueron llamados a retiro mediante DFL-2.
Agregó que, desde el 5 de agosto se ordenó iniciar sumarios individualizados, descentralizando el proceso a nivel regional. Pérez también recalcó que se trata de un hecho de “gravedad institucional” y comprometió garantizar el debido proceso a cada funcionario.
Asimismo, el personero resaltó que la institución se encuentra implementando una serie de medidas contra el ausentismo, entre ellas:
- refuerzo de la Comisión Médica Local
- creación de mesas de trabajo sobre licencias
- nuevos procedimientos de cobro por licencias rechazadas
En medio de la sesión, la comisión acordó el envío de dos oficios dirigidos al Ministerio de Justicia. El primero solicita antecedentes de los 40 sumarios iniciados por Gendarmería, antes de conocer el informe de Contraloría. El segundo pide aclarar la eliminación de 313 nombres de funcionarios que debieron ser objeto de sumario, e informar si la Contraloría instruyó dichos procesos.
La instancia fiscalizadora continuará recabando antecedentes e investigando las medidas adoptadas por ambas instituciones. Ello, con el objeto de elaborar un informe detallado de conclusiones y propuestas.