Nuevas herramientas para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por la evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros contempla el proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
La propuesta se originó en una moción impulsada por el diputado Carlos Bianchi (boletín 17246), refundida con un mensaje del Ejecutivo (boletín 17441). De ahí surgió un texto que se abordó en tres comisiones: Transportes, Seguridad Ciudadana y Hacienda.
La iniciativa, además, es parte del “Plan Antievasión” del Gobierno que se sustenta en cinco pilares:
- Alternativas de pago al pasajero.
- Nuevo procedimiento administrativo de cobro de multa.
- Fortalecimiento de los efectos del Registro de Pasajeros Infractores (RPI).
- Seguridad.
- Mayor eficiencia del control.
Según informó el Ejecutivo durante el trámite, el citado plan ha permitido bajar en un 9,3% el nivel al primer semestre de 2025. La idea es llegar a un 30% al terminar la presente administración presidencial.
Del control de infractores de evasión
Una de las innovaciones de este proyecto, también conocido como “Paga tu pasaje”, lo constituye la nueva tarifa recargada. Implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta. Esto le permitirá permanecer en el bus y evitar caer en el Registro de Evasores.
El futuro cargo se definirá en conjunto entre los ministerios de Transportes y de Hacienda. Según aseguró el Gobierno, no será inferior a 20 veces la tarifa normal. Además, para evitar abusos, se definirá vía reglamento una cantidad máxima a la que se podrá acceder a esta tarifa recargada. Los montos recaudados ingresarán al sistema de transporte público, donde este exista.
La implementación del registro de personas que paguen la tarifa recargada irrogará gasto fiscal. Estará asociado al desarrollo y mantención de dicho registro.
Asimismo, se considerará que quien ingrese por las puertas traseras sin autorización se presumirá que no pagó la tarifa y será sancionado. De comprobarse, igualmente, el uso indebido de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte con beneficios, este será requisado y destruido.
Estarán habilitados para constatar el no pago y notificar la infracción carabineros, inspectores fiscales y municipales. También personal de Metro, EFE y de los prestadores de transporte público. Para la detección e identificación se autoriza a los inspectores el uso de autentificación biométrica. De igual modo, si la persona se resiste a indicar su domicilio, Carabineros podrá conducirla a una unidad policial para dicha verificación.
Multas y efectos de caer en el RPI
Las multas por evasión, que hoy se tramitan ante los juzgados de policía local, pasarán a un sistema administrativo por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes.
Quien no impugne la infracción y pague la multa luego de la notificación y antes del plazo de 20 días hábiles, tendrá derecho a pagar el monto mínimo, con una rebaja del 50%. Empero, quien no pague la multa con anticipación ni impugne la infracción se le aplicará el monto máximo.
El proyecto, adicionalmente, extiende los efectos de caer en el RPI. En la actualidad, éste contempla la suspensión de documentos que permiten rebaja tarifaria (como TNE y TAM); la suspensión de la entrega de la licencia de conducir y permiso de circulación; y retención de la devolución de impuestos a la renta.
Con esta iniciativa, se sumará a lo anterior, la restricción de acceso a espectáculos de fútbol profesional. También, la denegación de otorgamiento o renovación de pasaporte y la restricción en la entrega del permiso de residencia. Además, se extiende la vigencia de la aplicación de estas medidas de tres a cinco años.
Discusión
En el debate expusieron Hotuiti Teao, Carlos Bianchi, Andrés Giordano, Miguel Mellado, Rubén Darío Oyarzo, Felipe Camaño, Henry Leal, Jaime Mulet, Marisela Santibáñez, Yovana Ahumada, Héctor Ulloa, Miguel Ángel Calisto, Sebastián Videla, Miguel Ángel Becker, Daniela Serrano, Leonidas Romero, Jaime Sáez, Raúl Leiva, Frank Sauerbaum, Alejandro Bernales, Roberto Arroyo, Hernán Palma, Bernardo Berger, Marta González, Stephan Schubert, Joanna Pérez, Enrique Lee,
Entre los comentarios se mencionó que esta propuesta es de justa necesidad, dado el amplio nivel de evasión que subsiste en el Transantiago. Es un “fraude social” que debe combatirse, se sostuvo, que pagan quienes sí cumplen y subsidiado por las regiones.
Varios utilizaron el marco de la discusión para exponer los problemas en el transporte público en sus respectivos distritos. Así, relataron problemas de conexión, de implementación de flota, de personal adecuado y de protección a los trabajadores. En tal plano, reclamaron por una inversión real en regiones en este ámbito, modernizando el sistema y los mecanismos de pago.
Y, si bien se reconoció que este proyecto vino a cumplir con un compromiso de la discusión presupuestaria, se criticó que quedó al debe respecto de la seguridad para los conductores. Específicamente, se refutó que solo se ingresara una norma para implementar cabinas de protección en las licitaciones futuras, sin hacerse cargo de una realidad que impacta día a día a los choferes.
El ministro de Transportes, Carlos Muñoz, relevó que esta iniciativa cumple con un compromiso, buscando resolver un problema social severo, donde casi un millón de personas, diariamente, reciben un servicio público que deciden no pagar. Reconoció que el problema de evasión se concentra en los buses de Santiago. Asimismo, planteó que “es un acto de incivilidad” cuyo costo recae en los que sí pagan y en el Estado que subsidia el sistema.
En cuanto a algunas de las observaciones, insistió en que el proyecto sí contempla medidas de seguridad, como el tema de las cabinas de protección. Sin embargo, observó que esto solo puede plantearse hacia las futuras licitaciones, dado que hacerlo retroactivo sería “complejo”.
También mencionó que se amplía la prohibición del comercio ambulante en todas las estaciones de metro y se aumentan las sanciones frente a delitos contra quienes, día a día, garantizan las operaciones y el orden de los servicios.
