Regular la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública, a partir de sancionar su ejercicio no autorizado, es el objetivo del proyecto aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y que ahora pasa a deliberación de la Sala de la Cámara.
La iniciativa corresponde a dos mociones parlamentarias refundidas (boletines 17405 y 17539). No obstante, durante su debate, se aprobó, por 6 votos a favor y 3 en contra, una indicación presentada por el diputado Andrés Longton, coautor de ambos textos, para establecer la respectiva sanción en la Ley de Tránsito.
De esta manera, el texto determina una sanción de presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días) o multa de hasta cinco Unidades Tributarias Mensuales (346 mil pesos aproximadamente) a quien ejerza funciones de guía en las maniobras de estacionamiento, detención o partida. Asimismo, realizar la limpieza o cuidado de un vehículo motorizado sin contar con autorización del propietario o administrador del bien donde esta se realice.
A su vez, el texto establece que en caso de reincidencia deberá aplicarse la pena privativa de libertad.
Divergencias sobre cuidado ilegal de vehículos
Durante la discusión del texto, el diputado Longton explicó que las actuales multas fijadas en las ordenanzas municipales no sancionan la conducta ilegal, porque nadie las paga. En esa línea, recalcó que los espacios públicos deben ser resguardados.
Por su parte, el presidente de la comisión y autor de una de las iniciativas, Cristián Araya, coincidió que se debe recuperar el control territorial de las calles. Señaló que, principalmente, son las mujeres las que son víctimas de mafias, pues hay personas que se organizan para amedrentarlas al momento de estacionar sus vehículos si no pagan por adelantado.
En una opinión diferente, Maite Orsini consideró que cobrar por estacionar autos no merece un reproche penal, sino sólo una sanción administrativa o multa. Precisó que otras conductas delictivas relacionadas al cuidado de vehículos como, por ejemplo, una asociación ilícita para cometer delitos, robo de especies o daños a la propiedad, ya están sancionados.
En esa misma línea, la diputada Alejandra Placencia aseguró que la idea matriz del proyecto es una materia ya regulada. Agregó que con esta iniciativa no hay posibilidad de distinguir entre personas naturales y bandas criminales, por lo que rechazó el proyecto. Lo anterior, porque hay muchas personas sin trabajo formal o con discapacidad que se desempeñan en dicha función y que no podrán pagar la multa, por lo que terminarán en la cárcel.
Fiscalización en desarmadurías
En un segundo punto, la comisión aprobó -en general y por unanimidad- el proyecto que regula la actividad de desarmadurías y chatarrerías (boletín 17.106).
La iniciativa plantea que los establecimientos dedicados a la comercialización de repuestos de vehículos motorizados usados, desarmadurías, de compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados o chatarra; al momento de ingresar un vehículo motorizado o partes del mismo para su venta, deberá corroborar inmediatamente su estado dentro del portal de registro de chasis y placa patente.
Así, el taller deberá guardar el registro de aquella consulta, donde registrará la fecha y hora en que esta se efectuó, para efectos de presentarla en procesos de fiscalización que pudiera realizar la autoridad.
El no mantenimiento de registro, la no presentación, o adulteración del registro obtenido se considerará como receptación y se sancionará en razón a lo establecido en el Código Penal. La iniciativa continuará con el análisis del articulado del proyecto en una próxima sesión.
