La Sala de la Cámara acordó manifestar al Presidente Gabriel Boric su preocupación por la gestión del Gobierno en la provisión de los servicios de salud, en tanto, no permite el ejercicio pleno del derecho a la salud por parte de las y los chilenos.
El documento, impulsado por diputadas y diputados de la Bancada RN, contó con 109 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. El Acuerdo 47 sostiene que el sistema de salud enfrenta una crisis que se agravó en la actual administración.
En cifras, señala que, en el primer trimestre de 2025, las listas de espera en el sistema público superan los 2 millones y medio de personas, siendo el índice más alto registrado. Además, crítica el promedio de tiempos de espera en prestaciones, incluidas las GES.
También denuncia una grave crisis de financiamiento en hospitales públicos, acentuada por “un alza de demanda no prevista por efecto del momento económico recesivo y del aumento de la población migrante, lo que lleva a más personas a buscar atención gratuita”.
El texto concluye que el Gobierno ha gestionado de manera ineficiente el sistema de salud, empeorando indicadores claves y debilitando políticas sanitarias que fueron exitosas en tiempos de la pandemia por Coronavirus, como la cooperación público-privada.
Resoluciones aprobadas por la Cámara
En la presente semana legislativa, además, la Cámara aprobó ocho solicitudes de resolución remitidas al Ejecutivo.
La primera de estas es la resolución 1521, que pide una reforma a la carrera directiva en la educación, considerando la importancia estratégica de esta función en los distintos centros educativos de Chile.
El documento plantea que las políticas públicas actualizadas en materia educativa dicen relación con la necesidad de profesionalizar los concursos para cargos de directores en la educación pública municipal, mejorar remuneraciones, crear incentivos por desempeño y aumentar atribuciones,
La solicitud, aprobada por 122 votos y 3 abstenciones, recuerda que en su momento se optó́ por no incluir a los directivos en la carrera docente, pero se consideró relevante abordar el tema en un proyecto de ley adicional. Sin embargo, a la fecha no existen avances.
Entre otros puntos, el documento, presentado por el diputado Ricardo Cifuentes y legisladores del comité DC e independientes, plantea como fundamental ofrecer formación inicial, mentorías y apoyo para enfrentar desafíos propios del liderazgo escolar.
Fiscalización de licencias médicas
Por 124 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, respaldó, además, la resolución 1528 que llama al Primer Mandatario a que instruya a los organismos competentes adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer la fiscalización del uso indebido de licencias médicas en el sector público.
La petición presentada por el diputado Andrés Giordano recalca que la situación conocida de funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia, puede dar cuenta de abusos, vacíos normativos o controles ineficaces en la administración pública.
Por ello, la idea es elevar los estándares de la fiscalización, para sancionar a quienes hacen mal uso del instrumento y proteger de manera efectiva a los trabajadores que realmente necesitan hacer uso de estos permisos.
Productores de leche
Por la unanimidad de 149 votos, las y los diputados dieron el apoyo a la solicitud 1529, para que el Gobierno elabore un plan de apoyo para los pequeños productores de leche de la Provincia de Chiloé. La idea es mitigar los efectos de la crisis por la que atraviesa este sector, tanto en el corto, mediano y largo plazo.
El diputado Fernando Bórquez, autor de la resolución, explica que la sequía, por más de una década, ha frenado el crecimiento de los pastos, obligando a los productores lecheros a buscar otro tipo de alimentos que, por lo general, tienen un mayor costo.
En particular, aborda la situación de la planta Chilolac, una de las principales compradoras de lácteos a pequeños productores en la Provincia de Chiloé, la cual atraviesa una crisis financiera que los ha afectado al no recibir a tiempo sus pagos. Con esto, se ven forzados a vender sus productos a empresas más grandes, pero por un menor precio.
Manipuladoras de alimentos
En tanto, prevenir enfermedades laborales y mejorar la calidad del servicio de alimentación en jardines infantiles es el propósito de la resolución 1530, aprobada también por unanimidad.
El texto postula reducir de 70 a 50 el número de niños que deba atender cada manipuladora de alimentos en establecimientos de la Junji e Integra. Esto permitiría disminuir la sobrecarga física y psicosocial que hoy enfrentan estas trabajadoras, tal como explicó la diputada Marta Bravo, autora de la iniciativa.
La resolución argumenta que las manipuladoras deben elaborar minutas diferenciadas y cumplir los protocolos sanitarios mientras atienden comunidades completas en ambientes poco apropiados. Esto genera riesgos ergonómicos y estrés que pueden derivar en patologías musculoesqueléticas y psiquiátricas. Sin embargo, estas enfermedades, muchas veces, no son reconocidas como profesionales por las mutuales.
Por otro lado, cuando tienen licencias médicas, las manipuladoras que siguen trabajando pueden llegar a atender hasta 140 niños cada una, lo que agrava su salud y afecta la calidad de la atención de niñas, niños y adolescentes.
De este modo, la resolución pide al Ejecutivo coordinar a los ministerios competentes y garantizar fondos en la Ley de Presupuestos para contratar personal adicional e implementar progresivamente esta modificación.
Atención en aeropuertos
Igualmente, por la totalidad del pleno de la Cámara, se respaldó solicitar al Ejecutivo dar urgencia a una modificación reglamentaria para que la asistencia en tierra en aeropuertos, de personas con discapacidad, sea responsabilidad exclusiva del concesionario del recinto.
El texto recuerda que, hoy, el Decreto Supremo 369, del Ministerio de Defensa Nacional, vigente desde 2017, establece que esa asistencia se divide entre el concesionario del aeropuerto y las aerolíneas. Pero, en la práctica, pasajeros con discapacidad han denunciado no contar con apoyo en los embarques e incluso no poder viajar, porque algunas compañías no cuentan con protocolos, personal capacitado ni infraestructura adecuada.
De este modo, la resolución 1531, presentada por un grupo de diputadas y diputados, encabezados por Carla Morales, plantea promover protocolos únicos para todos los pasajeros que requieran apoyo y concentrar la responsabilidad en un solo actor, como los concesionarios de los aeropuertos. Esto, para facilitar la fiscalización del Estado, la aplicación de estándares de calidad y, cuando corresponda, la imposición de sanciones.
Cámara pide derogar IVA al libro
Según datos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más del 50% de la población no lee libros con regularidad. Factores socioeconómicos, sumado a que el precio promedio de un libro en Chile supera ampliamente al de los países desarrollados, figuran dentro de las principales causas.
Producto de esta situación, es que la Cámara aprobó la resolución 1532, que pide al Presidente de la República derogar el impuesto del 19% del valor agregado (IVA) que actualmente se aplica a los libros en Chile.
Según los autores de la medida, las y los diputados Eduardo Durán, María Luisa Cordero, Camila Flores, Carla Morales y Marcia Raphael, este gravamen constituye una barrera estructural al acceso igualitario al conocimiento, a la educación y la cultura.
Ayuda a Illapel
La Cámara también respaldó solicitar al Presidente Boric que instruya la implementación de políticas y medidas o programas específicos, para ayudar a aliviar las deudas de los afectados por el mega incendio de la Feria de Abastos en la comuna Illapel, de la región de Coquimbo.
Por medio de la resolución 1533, aprobada por 96 votos a favor y 12 abstenciones, se apela también a la condonación de multas e intereses para las deudoras y deudores de créditos Fogape, otorgados por Banco Estado. La resolución impulsada por Nathalie Castillo, Boris Barrera, Lorena Pizarro y Luis Alberto Cuello, señala que las postergaciones a los pagos no han tenido resultados efectivos en la recuperación de las y los feriantes.
El incendio, ocurrido el 13 y 14 de junio de 2024, destruyó cerca de 200 de los 250 locales comerciales de la feria. El hecho afectó a unos 170 emprendedores y emprendedoras, equivalentes a 222 familias, generando un impacto económico significativo en la comunidad.
Soberanía alimentaria
En otra materia, con 85 votos a favor, 13 en contra y 18 abstenciones, la Cámara aprobó la resolución 1534, que busca fortalecer la estrategia nacional de soberanía alimentaria.
El texto fue promovido por el diputado Jaime Mulet, junto a sus colegas Emilia Nuyado, Rubén Darío Oyarzo y Hernán Palma, que refuerza que la soberanía alimentaria surge de la necesidad de generar un cambio fundamental en el sistema agrícola y alimentario del país.
El documento advierte que nuestro sistema agrícola depende de importaciones y afecta a comunidades con contaminación y pérdida de cultivos tradicionales. Añade que las políticas priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos; dan lugar al “dumping”, importaciones agrícolas a bajos precios que destruyen la economía agrícola local; han incrementado la dependencia de los pueblos a las importaciones agrícolas y han reforzado la industrialización de la agricultura, poniendo en peligro el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta.
