Agricultura debate cambios en multas por infracciones en el uso de fertilizantes

La iniciativa busca ajustar las multas contenidas en la ley que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y bioestimulantes, para que sean proporcionales a las infracciones cometidas.

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La Comisión de Agricultura inició la discusión del proyecto que modifica la ley 21.349 que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y bioestimulantes, para rebajar el monto de las multas y establecer criterios para su graduación (boletín 17.786).

El proyecto de ley tiene por objeto ajustar las sanciones de la citada ley para lograr una mayor proporcionalidad entre las infracciones sancionadas y el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos comercializados.

El diputado Harry Jürgensen, autor de la iniciativa, explicó a la instancia que es necesario modificar las sanciones para resguardar la operatividad del sector e impulsar el mercado formal en este rubro. Destacó que es sumamente importante que se moderen las multas y se establezcan parámetros mínimos para determinar la cuantía de las mismas.

En dicho sentido, la propuesta rebaja de 100 a 10 UTM el valor mínimo de la multa aplicable, que hoy está en un rango de 100 a 1.000 UTM. Además, que el monto de la misma se calcule de acuerdo a “la cuantía o valor de los productos comprometidos en la infracción, la gravedad de los daños causados, las providencias que se hubieren tomado para reducir los daños, el beneficio económico que el infractor hubiere obtenido de la infracción, la capacidad económica del infractor y las sanciones aplicadas con anterioridad por el Servicio en las mismas circunstancias”.

Multas por infracción

Para analizar este tema, la comisión recibió al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo. El personero sostuvo que la comercialización de fertilizantes y su regulación son muy necesarias.

Mencionó que “al regularizar el sistema están haciendo cumplir la normativa que dice: si se va a vender algún tipo de fertilizante tiene que tener la concentración que dice la etiqueta. Esta debe venir con la información correcta y al medir el producto debe contar con las concentraciones que se están pagando”, remarcó.

Añadió que hoy existe una discusión sobre si las multas están generando un daño al sector comercial y, con ello, a un pequeño vendedor que muchas veces quiebra producto de la multa. “Esta debe ser proporcional. Estamos dispuestos a entrar en esa discusión, porque creemos que esto es perfectible”, argumentó.   

Sin embargo, recalcó que como ente fiscalizador, “queremos que la norma, con sus multas, duela para que siga teniendo el efecto disuasivo”.

En ese sentido, planteó que las multas aplicadas no sólo buscan sancionar a los infractores, sino también disuadir futuras infracciones y fortalecer la seguridad alimentaria y la sanidad de los productos.

Fundamentos de la iniciativa

En la moción se fundamenta que la Asociación Gremial de Importadores y Productores Fitosanitarios, Fertilizantes y Bioestimulantes para la Agricultura, planteó ante la propia comisión, en marzo pasado, que la ley de fertilizantes es muy importante para asegurar la calidad y trazabilidad de productos que impactan directamente el suelo agrícola.

Pero, advirtieron que su aplicación está perjudicando al sector, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que constituyen cerca del 90% del rubro, debido a las altas multas que se establecen por infracciones a la normativa.

En efecto, la norma contempla sanciones de entre 100 y 1.000 UTM, lo cual puede equivaler al 18% de ingresos anuales y al 50% del margen de ganancia de una pequeña empresa, obligando a muchas de ellas a abandonar el mercado cuando se les imponen estas multas.

Además, el mercado nacional de fertilizantes es altamente atomizado, con cerca de 56 empresas en operación, y la salida de empresas formales fomenta el crecimiento del mercado ilegal. En definitiva, esta situación está llevando a la quiebra a empresas de pequeños distribuidores locales que entregan productos a la agricultura familiar campesina.

En cuanto al análisis de los incumplimientos detectados por el SAG, en el año 2023, de 190 fiscalizaciones efectuadas, el 70% presentó incumplimientos a la ley. De ellas, el 85% tenía relación con problemas de etiquetado y falta de información en el envase.