Por unanimidad, la Comisión de Salud de la Cámara aprobó en general el proyecto (boletines 15047 y 17567) que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la Ley 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto, LRS).
La propuesta se sustenta en una moción impulsada por el diputado Tomás Lagomarsino y una iniciativa que ingresó a trámite el Ejecutivo. El grueso de las normas proviene de este último texto. Entre sus normas está un alza del aporte fiscal anual al Fondo, que pasará de $100 mil millones a $185 mil millones.
La moción, en tanto, elimina la norma que especifica que los recursos podrán invertirse en los instrumentos, operaciones y contratos que establezca el Ministerio de Hacienda.
Otras enmiendas son aplicadas al proceso de evaluación científica; la elaboración de recomendación priorizada; el proceso de decisión; y la vigencia y modificación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera. Además, se agregan nuevas secciones. Una de ellas refiere a la publicación y actualización del Precio Máximo Industrial. Otras se relacionan con la incorporación al Régimen de Garantías Explícitas en Salud y sobre la modificación del decreto por costo anual.
Ejecutivo
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó algunos de los alcances de la propuesta. Dijo que la idea es resolver algunas situaciones de la Ley Ricarte Soto, que ha sido tan beneficiosa para la población chilena para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo. En particular, indicó que la norma hace difícil el ir incorporando nuevos medicamentos.
“Por ejemplo, el marco de gasto del Fondo y los mecanismos por los cuales se puede, por ejemplo, transferir los medicamentos que están en la LRS, cuando bajan de precio, a los otros sistemas de garantías sin que se perjudique a las personas”, acotó.
Comentó que, hoy día, si un medicamento se quiere pasar a las garantías de salud, para un grupo de personas implicaría un perjuicio. Entonces, eso impediría dejar más espacio en el Fondo para introducir nuevos medicamentos. “Ese es un aspecto muy importante que está considerado en la ley”, agregó.
Informó que, además, se mejoran mecanismos que apuntan a la negociación de precios, como son los acuerdos de riesgo compartido. También, se mejora el funcionamiento de la Central de Abastecimiento, para que redunde en un uso más eficiente de los recursos y en una mayor garantía de acceso a los medicamente de alto costo.
Finalmente, expresó la disposición del Gobierno para llegar a acuerdos con los distintos sectores para perfeccionar esta optimización de la Ley Ricarte Soto.
Más claridad en los cambios a Ley Ricarte Soto
La presidenta de la comisión, diputada Helia Molina, destacó la importancia de este proyecto, aunque reconoció que hubo inquietud entre las y los legisladores sobre algunos puntos. Observó que hay fórmulas que aseguran, prácticamente, que van a estar los recursos y que se van a poder adquirir los fármacos. “Pero algunos diputados querían más certezas. Que pase lo que pase esté la plata y esa certeza no la dio el Ministerio. La vamos a tratar de encontrar con las indicaciones en las próximas semanas”, precisó.
Entre quienes expresaron sus cuestionamientos estuvieron los diputados Agustín Romero y Tomás Lagomarsino. “Nosotros tenemos serias dudas que esos 185 mil millones nominales o ese Fondo total sirva realmente para el objeto que se requiere”, sentenció Romero. En tal contexto, dijo que requirieron al Ejecutivo conocer desde dónde o bajo qué supuestos se asegurará que los fondos van a alcanzar. Comentó que las alternativas que entregó el Gobierno son la negociación de contratos para los tratamientos y los medicamentos de alto costo. “Incierto”, recalcó.
Tomás Lagomarsino también puso en duda que se generen holguras en el Fondo para incorporar nuevos medicamentos. “Estamos haciendo crecer la ley a 185 mil millones de pesos, pero el año pasado gastamos 184 mil millones de pesos. Por lo tanto, no se podría incorporar ninguna tecnología en estas condiciones”, planteó.
Resaltó que, según lo relatado por el Ejecutivo, dependerá del traspaso de dos tecnologías al GES, que generarían una disponibilidad de recursos por $43 mil millones. “Sin lugar a dudas, no tenemos claridad respecto a cuándo se haría ese traspaso”, puntualizó.
La comisión seguirá estudiando esta iniciativa en las próximas semanas, fijándose como plazo para presentar indicaciones e iniciar el debate en particular el próximo 3 de octubre.
