Por unanimidad, la Sala aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que introduce adecuaciones a la normativa que prohíbe a los condenados por delitos como femicidio, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros, beneficiarse de pensión de sobrevivencia cuya causante sea la víctima (boletín 17.724).
Cabe hacer presente que el texto presentado por el gobierno planteaba originalmente modificar la ley N° 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, para regular esta materia.
No obstante, tras la discusión al interior de la Comisión de Mujeres, y las indicaciones presentadas por el propio Ejecutivo, la instancia propuso que estas modificaciones se realicen al artículo 5 bis del Decreto Ley Nº 3.500, que establece el nuevo sistema de pensiones.
Para ello, el texto establece que los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal deberán declarar, de oficio en la respectiva sentencia, la relación familiar entre condenado y víctima, y que la condena recae sobre los delitos señalados. Además, los fiscales del Ministerio Público deberán aportar los antecedentes necesarios para acreditar la existencia de dichos vínculos.
Los tribunales, asimismo, deberán informar a la Superintendencia de Pensiones, dentro del tercer día de ejecutoriada la sentencia, la información de los condenados que se encuentran en esta situación. Y, enseguida, la citada superintendencia informará a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a las Compañías de Seguros de Vida.
Debate
Las y los parlamentarios apoyaron la iniciativa, destacando que establece un marco legal para la correcta aplicación de la normativa que busca erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esto, a partir de mejorar los mecanismos de información, resguardando los derechos de las víctimas.
A su vez, se enfatizó que es sorprendente y contradictorio que los agresores contra mujeres pudieran obtener algún beneficio patrimonial de sus víctimas. En ese sentido, apuntaron que el Estado debe ir avanzando en más medidas para erradicar toda violencia de género.
En especial, valoraron que se imponga la obligación explícita a los Tribunales de Justicia de informar a la Superintendencia de Pensiones sobre las sentencias y condenados, para poder hacer cumplir la ley que prohíbe a estos obtener la pensión de sobrevivencia.
Tras el informe rendido por la diputada Claudia Mix, expusieron Ana María Gazmuri, Maite Orsini, Helia Molina, Cristóbal Urruticoechea, Ximena Ossandón, Danisa Astudillo, Héctor Barría, Cristián Tapia, Carmen Hertz, Claudia Mix, Andrés Jouannet, Diego Schalper, Renzo Trisotti, Ana María Bravo, Carla Morales, Marta González, Gael Yeomans, Leonardo Soto y Enrique Lee.
