Prohibir la subcontratación de servicios de teleoperadores que funcionen fuera del territorio nacional. Ese es el objetivo de un proyecto (boletín 17381), originado en una moción, que inició su trámite en la Comisión de Economía.
La iniciativa es de autoría del diputado Gonzalo Winter. Busca prevenir estafas internacionales realizadas mediante llamados telefónicos, así como proteger y fomentar el empleo local de teleoperadores. Lo anterior, mediante la prohibición de subcontratar servicios de llamados telefónicos que operen fuera de Chile.
El texto señala que la industria de los call center emplea a cerca de 30 mil personas en el país. No obstante, se observa que muchas empresas han optado por la subcontratación de procesos de negocio. Es decir, por la externalización de las operaciones de contacto telefónico a compañías independientes.
Un número significativo de estas subcontrataciones se realizan a empresas extranjeras, lo que les permite reducir costos y ampliar horarios de atención.
El texto establece que las empresas que subcontraten servicios que operen fuera del territorio de la República, para contactar a clientes o a potenciales clientes, a través de operaciones realizadas fuera del territorio de la República, serán sancionadas con una multa de 1000 UF.
La iniciativa en trámite establece, además, una disposición transitoria. Esta señala que, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el Presidente de la República dictará un reglamento que determine el procedimiento de fiscalización y sanción a las empresas infractoras.
Primeras exposiciones
En primer término, el diputado Winter expuso los alcances de la iniciativa. Sostuvo que es necesario profundizar la regulación dado que la masificación de la industria de call center o teleoperadores, ha dado cuerpo a estrategias publicitarias cercanas al acoso y a mecanismos de cobranza extrajudicial, que atentan contra la privacidad y bienestar de los deudores.
En esa línea, el parlamentario señaló que el proyecto no solo defiende a los consumidores, sino que también al trabajador chileno y a la industria nacional.
Sin perjuicio de ello, el subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, precisó que el texto requiere de revisión. Consideró que la medida, tal como está planteada, podría generar otros efectos no esperados. Así, planteó el riesgo de reciprocidad de países que pudieran sentirse afectados, dado que muchos de los servicios que exporta Chile son de carácter informáticos.
Estimó que también está la posibilidad de que se automatice el rol del operador o que la contratación exclusiva de trabajadores nacionales pueda encarecer los costos de las empresas que requieren de call center.
Frente a lo anterior, la instancia parlamentaria acordó invitar para una próxima sesión a sindicatos de trabajadores y representantes de la subsecretaría de relaciones internacionales.
