La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara continuó con la votación en particular del proyecto de armonización normativa del sistema de protección de la niñez y adolescencia (boletín 15.351).
En particular se trata de las leyes N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y la N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
De esa manera, dotar de coherencia al sistema de protección para asegurar la operatividad y el adecuado funcionamiento de esta nueva institucionalidad.
En la presente jornada el grupo parlamentario respaldó indicaciones del Ejecutivo y de parlamentarios. Específicamente, se aprobó crear parámetros sobre el rol rector de la Subsecretaría de la Niñez, como el que fija plazos máximos de 10 días para la entrega de información desde el nuevo servicio.
Protección de jóvenes
Además, la comisión aprobó la indicación del diputado Daniel Melo que plantea que seguirán siendo sujetos de atención del Servicio quienes tengan 18 años o más hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 24 años. Esto siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo, que voluntariamente continúan con su proceso de transición a la vida independiente, ya sea por continuidad de estudios o habilitación para su proceso de independencia económica.
Al respecto, previo a la votación expusieron la directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, Paulina Fernández, junto a Tally Arriagada, egresado de residencias de protección del Estado. Ambos coincidieron que es necesario que el proyecto garantice la protección de todos los jóvenes que cumplen la mayoría de edad encontrándose en el sistema de protección.
Sobre el punto señalaron que la trayectoria de institucionalización y las graves vulneraciones de derechos dejan profundas huellas en los jóvenes, pues muchos alcanzan la mayoría de edad con rezagos escolares significativos, problemas de salud mental, escasas redes y nulos ejemplos que guíen el proceso de transición hacia la vida independiente, un camino que la mayoría de las personas recorre de manera paulatina y acompañada.
No obstante, subrayaron que exigirles la continuidad de estudios como condición para mantener un lugar donde vivir es cerrarles la puerta cuando más apoyo necesitan. Asimismo, que aquellos jóvenes que egresen de una residencia de protección, al alcanzar la mayoría de edad, independiente de su situación de estudios, puedan seguir contando con el apoyo y acompañamiento del Estado a través de los programas dispuestos para ello.
