La Comisión investigadora sobre robo de cables de cobre (CEI 72) aprobó su informe de propuestas y conclusiones, donde destaca la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva.
Durante su última sesión, la instancia revisó dos propuestas de informe. El primero entregado por Víctor Alejandro Pino, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, mientras que el segundo correspondió a la propuesta de Daniel Manouchehri y Nathalie Castillo.
Ambos textos presentaban propuestas similares, con la sola excepción de un acápite agregado en el segundo texto, que hacía referencia a las mafias en torno al robo de cables y la supuesta relación que mantendría una persona relacionada a este delito con un candidato presidencial.
Finalmente, por 7 votos a favor y 5 en contra, la instancia aprobó el primer texto que no contiene esta referencia.
Así, como marco general hubo consenso por parte de las y los parlamentarios sobre la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva de un delito que es mucho más que un simple ataque a la infraestructura.
Robo de cables: un problema grave
De esta manera, el texto que será puesto a disposición de la Sala de la Cámara, manifiesta que nuestro país enfrenta una crisis silenciosa, pero devastadora, en cuanto al robo sistemático de cables de cobre.
Añade que esto constituye una amenaza directa a la seguridad nacional, la continuidad de servicios esenciales y la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proteger los elementos básicos del desarrollo moderno.
El informe consigna que sólo en la Región de Coquimbo las estadísticas dan cuenta del robo de más de 63.000 metros de cable, sustraídos entre los años 2021 y 2023.
Le siguen la Región del Biobío, con aproximadamente 27.223 metros robados y la Región del Maule con más de 22.000 metros.
Propuestas y conclusiones
En cuanto a las conclusiones, el documento concluye que el Servicio Nacional de Aduanas enfrenta limitaciones estructurales significativas que comprometen su capacidad para detectar y prevenir la exportación ilegal de cobre robado.
Además, que pese a que las empresas eléctricas han desarrollado ciertos avances en la lucha contra el robo de cables, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
En materia de propuestas, se plantean una serie de modificaciones legales en torno a este delito, debido a la afectación que tiene en la comunidad, particularmente en comunas rurales.
Además, propone incorporar técnicas especiales de investigación e incorporar este delito en los ilícitos perseguidos por las Fiscalías Supraterritoriales de la Ley N° 21.644. También, se indica que es preciso establecer sanciones específicas para funcionarios públicos que participen en este tipo de ilícitos.
A ello se suma el fortalecimiento del rol fiscalizador preventivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; la prohibición de cambio de formato del cobre a chatarrerías, desarmadurías y fundiciones de menor tamaño e implementar un sistema de trazabilidad digital.
Adicionalmente, potenciar el control de exportaciones de estos productos, habilitar tecnologías para la detección temprana, que van desde sensores básicos hasta tecnología de punta para monitoreo en tiempo real.
Finalmente, se pide acelerar el soterramiento de cables aéreos y mejorar la coordinación institucional en la materia.
