La Comisión de Obras Públicas, Trasportes y Telecomunicaciones aprobó en general un proyecto (boletín 17702) que modifica la Ley 18.290, de Tránsito. Su objetivo es tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos.
La propuesta busca reformar el tipo penal de “carreras no autorizadas”, contenido en el citado cuerpo legal. Particularmente, elimina los elementos subjetivos y estructurales relacionados con la competencia entre vehículos y los reemplaza por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción peligrosa. La idea es asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas.
En ese sentido, la propuesta amplía la protección de la vida e integridad física de las personas, al sancionar toda forma de conducción temeraria, sea individual o grupal. Esto, sin necesidad de que exista coordinación entre los involucrados.
También, endurece la respuesta punitiva ante estas conductas, al tiempo que se incorporan agravantes específicas. De igual modo, se amplía la aplicación de la pena de comiso del vehículo.
Adicionalmente, modifica el tratamiento de la conducción temeraria, que pasa a ser considerada una infracción de tránsito y no un delito, para hacer más efectiva su persecución. Esta infracción podrá ser cursada de forma empadronada a la placa patente del vehículo, sin requerir la identificación del conductor. La salvedad estará dada en casos de accidentes con resultado de lesiones o fallecimiento.
Para fortalecer la fiscalización, se incorpora a las sociedades concesionarias de autopistas como actores obligados a informar a los Juzgados de Policía Local sobre la ocurrencia de este tipo de infracciones.
Apoyo a legislar sobre conducción temeraria
Para analizar esta iniciativa, las y los parlamentarios recibieron al prefecto de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT), teniente coronel Carlos Cortés. Señaló que valoran que la iniciativa considere el uso de nuevas tecnologías para pesquisar la conducción temeraria.
Pidió que la iniciativa no se enfoque solamente en la conducción temeraria de vehículos en las autopistas. “Veamos la posibilidad de ampliar al ingreso a caminos rurales y otras rutas donde exista un indicador de velocidad y señal de alerta”, argumentó.
Planteó que hay que fortalecer el proyecto para definir en sus normas qué se entiende por delito y por falta. El objetivo es que se direccione bien las sanciones pertinentes.
A su vez, expuso, Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa A.G). Mencionó que las autopistas tienen un marco de facultades que quedan limitadas por su contrato, independientemente de que se establezca que tienen una obligación de entregar los antecedentes.
Sostuvo que están en la mejor disposición de entregar los antecedentes cuando están disponibles. Sin embargo, argumentó, que poner en marcha un sistema que regularmente este entregando esta información a los juzgados de Policía Local implica un ajuste de contratos. “Cualquier modificación de eso debe estar validada por el inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas. Habría que verificar la forma en que esto puede llevarse a cabo”, remarcó.
