La Comisión de Vivienda escuchó a Carlos Marambio, gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales. El directivo dijo que existe un retraso en el pago de obras ejecutadas, escrituraciones y terrenos para proyectos en la región Metropolitana (ver presentación).
La cita se enmarcó en las denuncias por deudas del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región Metropolitana con constructoras de viviendas sociales
Si bien valoró el esfuerzo del Gobierno para impulsar el Plan Habitacional de Emergencia, lamentó que exista un retraso en el pago de proyectos ejecutados, escrituraciones y terrenos.
Marambio dijo que los mil millones de dólares en que se fijó la deuda en medios de comunicación, no es el monto que considera la Asociación. Según recalcó, la cifra llegaría a 312 mil millones de pesos. “Lo que no es deuda vencida, sino lo que va a faltar y lo que se requiere para financiar este año 2025”.
Retraso en pago de compromisos
Marambio planteó que este déficit de caja o presupuesto, o ambas, son un problema importante y urgente dentro del Plan de Emergencia Habitacional. El punto es que las pymes no pueden resistir cuatro, cinco o seis meses sin pago. En dicho contexto, explicó que hoy se utiliza el confirming de BancoEstado, pero con un pago diferido a 180 días.
Comentó que existen consecuencias en que se paguen a tiempo los primeros anticipos de los subsidios DS49 Fondo Solidario y préstamos de enlace de proyectos DS19 de integración social. También, pagos de subsidios de proyectos finalizados y para comprar viviendas vía DS15 subsidio crédito hipotecario y adquirir terrenos para viviendas sociales, entre otros.
A juicio del directivo, este déficit surge por el aumento exponencial de subsidios que promueve esta administración. Esto significa un 54% más que los implementados en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Y un 12% más que los impulsados por Sebastián Piñera, en su segunda administración.
Ejecutivo y reacciones
Carlos Araya, jefe de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señaló que este no es un tema nacional. Pues, la mayoría de las regiones y los Serviu tienen una gestión sin dificultades.
Recalcó que “no es deuda vencida, son estimaciones para el Serviu metropolitano y el cierre del año 2025”. Araya añadió que, históricamente, existe un 90% de arrastre de subsidios que se pagan en los años siguientes, de 2 a 4 años.
El personero manifestó que se trabaja en la proyección del gasto con la Dirección de Presupuestos. La idea es definir redistribuciones que no signifiquen el traslado del problema a otra región.
Las y los diputados calificaron esta situación de falta de recursos para pago de compromisos como un hecho gravísimo, porque implicaría que no hubo una definición presupuestaria adecuada. Tampoco mecanismos de control en la ejecución de los fondos. Además, se afectarían futuros proyectos para la construcción de viviendas.
Además, temen que otras regiones sean perjudicadas con las asignaciones presupuestarias para 2026. Por ello, se citará, en una próxima sesión, al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Asimismo, se convocará al director del Serviu metropolitano y al encargado de control de la cartera ministerial.
