Una reforma para reestructurar completamente el sistema de entrega de licencias médicas es el eje de las propuestas que la Comisión Especial Investigadora sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público aprobó en el informe final de su fiscalización.
Al respecto, el presidente de la instancia, Hernán Palma, destacó el trabajo de las y los parlamentarios, así como los amplios consensos en torno a la elaboración de un único informe final (Revisar propuesta presentada).
Este da cuenta de la gravedad del problema, donde se reconoce que una serie de servicios públicos ya tenían conocimiento de este tipo de situaciones. Es decir, de la mala utilización de las licencias por parte de una serie de funcionaros públicos que viajaron a diversos países del mundo.
Pero, lamentablemente, sólo tras los informes de la Contraloría el caso cobró relevancia pública, indicó el diputado Palma.
En el marco de esta reforma estructural, la comisión propone unificar criterios, aumentar la fiscalización y así disminuir el fraude. Además, suma la posibilidad de establecer que el mal uso de las licencias médicas sea suficiente causa para que un funcionario público deje de cumplir labores para el Estado.
Cambios profundos y reestructuración
El documento, que será informado en Sala por el diputado Hernán Palma, da cuenta de diversas vulnerabilidades del sistema. Se señala que el uso fraudulento de las licencias médicas en el sector público es un problema multifacético y sistémico.
Agrega que, lamentablemente, no se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales que afectan al Estado de Chile y generan un impacto financiero y de gestión significativo. Es decir, se deja claro que existen patrones de abuso que son incompatibles con el principio de probidad administrativa.
Por ende, el texto es claro en calificar estos hechos como fraudes y como consecuencias de una falta de control institucional enorme.
Para ello, propone crear una plataforma única que permita el cruce de datos en tiempo real con otras instituciones. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguridad Social, Compin, Fonasa y las Isapre.
Además que la citada reforma esté orientada a la homologación del tratamiento entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Dentro de estas recomendaciones se considera revisar el régimen de financiamiento de las licencias médicas, con el propósito de eliminar el beneficio del 100% de cobertura del salario de forma indefinida. Adicionalmente, implementar una Tabla Orientativa de Reposo (TOR) que fije rangos de días de licencia según diagnóstico y ocupación.
Esto permitirá prevenir abusos, estandarizar criterios y reforzar los modelos de control de riesgo, manteniendo al mismo tiempo la autonomía médica.
La idea sería financiar esta nueva “institucionalidad” con montos recaudados y recuperados, al tener un mejor sistema de entrega de licencias médicas.
Además, el informe incluye un conjunto de recomendaciones para fortalecer la fiscalización. También cambios en materia de sanciones y actualizar el listado de proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso Nacional. Esto con el propósito de enfrentar de manera más eficaz este tipo de situaciones.
Desarrollo de la fiscalización
La instancia realizó 15 sesiones y basó su labor en una serie de informes de la Contraloría. Esta entidad, antes del término del trabajo de la comisión, informó que el mayor número de licencias médicas se concentraron en funcionarios municipales (39,38%); seguidos por trabajadores de la Junji e Integra (29,08%).
Así también, se constató que el 70% de los funcionarios involucrados solo tuvo una licencia, mientras que 23 funcionarios (0,36%) presentó más de ocho.
Este trabajo continuará en análisis por parte de las y los parlamentarios de la comisión que, probablemente, presenten un proyecto de resolución en el que se solicite acciones legislativas al Ejecutivo. Además, considerando que este tipo de situaciones también se evidencian en el sector privado, recalcó el diputado Palma.
